Acceso usuarios
La Jurisprudencia constitucional nacional e internacional ha precisado los aspectos que integran el derecho de acceso a la justicia en el contexto de un Estado constitucional como el colombiano. Estos aspectos se refieren al acceso a un juez o tribunal independiente, en condiciones de igualdad y sin obstáculos desproporcionados que dificulten la resolución del caso en un plazo razonable. En la ciudad de Santiago de Cali el Grupo de Acciones Públicas de la Universidad Icesi (GAPI) trabajó el caso de los usuarios de la justicia local que durante el trámite de sus asuntos a través de los consultorios jurídicos experimentaron obstáculos en el acceso o tratos discriminatorios en los despachos judiciales de la ciudad. Estas prácticas se abordaron en un contexto macro de dificultades objetivas derivadas de la precariedad de la infraestructura de la justicia local. Dado que el trabajo del Grupo incluye la defensa de los derechos de usuarios y consumidores, se decidió constituir una veeduría judicial, reconocida por la Personería Municipal, y organizar a partir de ella una investigación exploratoria sobre las interacciones entre usuarios y funcionarios que podrían identificarse como barreras al acceso a la justicia. Este artículo expone los resultados de este trabajo, mediante la descripción de prácticas concretas que dificultan el acceso a la justicia de los usuarios de los consultorios jurídicos de la ciudad y que afectan la confianza ciudadana en la administración de justicia. A partir de estos hallazgos se formulanrecomendaciones realizables, que tienen como fin la corrección de los problemas identificados.
International and Colombian case law have set the content of the right to access to judicial systems in a constitutional state of law such as Colombia. This content includes the due process of law and the guarantee of equal access to an independent tribunal or court without obstacles based on discriminatory practices that might extend the legal process beyond a reasonable term. As part of its task of defending the rights of vulnerable populations, the Human Rights Clinic of the Universidad Icesi, GAPI,worked on a case of a group of legal practitioners representing a poor population that faced discrimination against in their access to local judicial authorities. The GAPI established vigilance on the local judicial system in order to determine both structural and subjective causes of the discriminatory practices. This vigilance was undertaken in accordance with the provisions of the Law 850 of 2003. In doing so the clinic designed the instruments for collecting information, which allowed us to undertake exploratory research about the way that cultural factors—including practices, beliefs and values—become barriers to the proper functioning of the judicial system. This article shows the results of this case and describes the cultural factors that make access to judiciary system difficult for clients, making it slower and untrustworthy. Based on these findings, the authors make recommendations intended to rectify the identified problem.
