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Oviedo, España
Desde el plano jurídico, la manifestación de un accidente de trabajo, puede tener derivaciones de muy diverso alcance, cuya gestión procesal provoca frecuentes desencuentros.
Esencialmente porque distintos órganos judiciales están conociendo, han conocido o van a conocer de las diferentes consecuencias del accidente desde la perspectiva que les es propia, esto es: prestaciones de Seguridad Social, recargo, sanción administrativa por infracción de medidas de seguridad y salud, imputación penal en los casos más graves de incumplimiento, e indemnización por daños y perjuicios. Una parte de estas dificultades se estudian en este trabajo, en concreto, las relativas a la coordinación judicial de las decisiones del recargo, de la sanción administrativa y de las diligencias penales. Al efecto, se quiere demostrar que, pese a que normalmente hay paralelismo entre las decisiones administrativas del recargo y la sanción, en la fase judicial esa sincronización se desvanece, pudiendo derivar en resoluciones contradictorias sobre las consecuencias de un mismo hecho (el accidente). En efecto, si se tiene en cuenta que el mismo funcionario de la Inspección de Trabajo actúa investigando el accidente tanto para el recargo como para la sanción, lo lógico es que su valoración de lo sucedido para ambas consecuencias sea la misma. Paralelismo que no suele perderse en la fase decisoria, pues si bien corresponde a órganos distintos (autoridad laboral e INSS), ambos suelen atenerse a las apreciaciones de la Inspección de Trabajo. Es cierto que esto no significa identidad absoluta, en el sentido de que siempre que haya propuesta de sanción la haya de recargo y viceversa, sino simplemente que serán excepcionales los casos en los que no haya correspondencia, por ejemplo, por el juego relevante de los principios propios del procedimiento sancionador, como la presunción de inocencia, sin cabida en el procedimiento de recargo, o porque no se haya probado debidamente la relación de causalidad entre la infracción preventiva y el daño que cubre el recargo.
No sucede lo mismo en el conocimiento judicial de las materias, como se evidencia en este trabajo. Ello pese a las disfunciones que puede provocar el hecho de que, pese a que los procesos discurran paralelos, el juez competente para conocer del recargo no quede condicionado por lo dicho en el proceso de impugnación de la sanción, y a la inversa.
Disfunción que resulta más incomprensible desde que el orden social ha asumido el conocimiento de ambos procesos. El legislador podría haber optado por alguna fórmula, como la litispendencia o la acumulación de procesos, pero no lo ha hecho. Y la jurisprudencia lejos de apostar por la unidad de criterio entre sanción y recargo, ha optado, en especial en sus últimas sentencias, por la corriente inversa, separando el recargo de la sanción y vinculándolo a la indemnización por daños derivados de accidente de trabajo –con la salvedad de la STS 25/04/2018–.
La primera dificultad para obtener resoluciones homogéneas es la diferente reacción frente a la existencia de un proceso penal: el sancionador se paraliza y sólo se reabre en caso de absolución penal, quedando condicionado el procedimiento sancionador por el relato de hechos dado por probado en el proceso penal (art. 3.3 LISOS). Por el contrario, el procedimiento de recargo no se paraliza por el inicio de acciones penales y tampoco por el procedimiento sancionador, aunque ambos interrumpen la prescripción de la acción de recargo. Lógicamente esto dificulta la vinculación de hechos probados que se formula en la ley y que ratificó en su día el Tribunal Constitucional (respecto de cómo ha sucedido el accidente y de si ha habido incumplimiento de medidas preventivas). En este punto, resulta clave el criterio del Tribunal Supremo que ha optado por matizar la jurisprudencia constitucional, apostando porque el juez se pronuncie sobre el recargo con autonomía respecto de la sanción, tanto en lo relativo a la existencia o no de infracción de medidas preventivas, como respecto del porcentaje aplicable. Tendencia judicial que supone, en cierta medida, aceptar la imposición del recargo, aunque no haya infracción clara de medidas de seguridad.
El estudio concluye con un recorrido por las vías posibles de reparación frente a resoluciones contradictorias. En primer término, se analiza la posibilidad de revisar la sentencia firme de recargo, que sólo será posible en caso de posterior sentencia penal absolutoria por inexistencia de incumplimiento preventivo alguno o por falso testimonio. No cabe revisión por posterior sentencia en el procedimiento sancionador. En segundo término, se examina la posibilidad de incorporación de la sentencia de recargo/sanción en el otro pleito, también en fase casacional, como mecanismo para garantizar cierta proximidad en las decisiones. Pero sobre todo se insiste en la conveniencia de apreciar efecto de cosa juzgada entre ambos pleitos en cuanto a la infracción preventiva, negada en principio por el Tribunal Supremo, si bien pudiéramos estar ante un cambio de criterio a raíz de la STS 25-4-2018.
A la luz de todo lo dicho, se ofrecen una serie de conclusiones críticas sobre estos criterios jurisprudenciales. Pues aceptar que procede el recargo por el juego de los deberes generales de protección, es tanto como asumir que la existencia misma del accidente presupone la presencia de cierto incumplimiento preventivo, aunque éste no se concrete en una norma precisa. Lo que, genera una innegable inseguridad jurídica al empresario, y cierta injusticia, pues si ha cubierto las exigencias legales concretas de seguridad que la normativa de prevención de riesgos dispone, no parece apropiado imponerle otra elevada carga económica, que discurre paralela al aseguramiento del riesgo por el sistema de Seguridad Social. Máxime si se tiene en cuenta que el recargo resulta absolutamente compatible con la indemnización por daños, y que no es asegurable. Y si se entiende que debe concurrir una infracción clara de medidas preventivas, la vinculación a la apreciación de la sentencia social que se pronuncia sobre la sanción no debería admitir excepción sencilla, como parece admitir ahora la STS 25-4-2018.
From the legal point of view, the manifestation of a work accident, can have derivations of very diverse scope, whose procedural management causes frequent disagreements.
Essentially because different judicial bodies are knowing, have known or will know of the different consequences of the accident from the perspective that is their own, this is:
Social Security benefits, benefits surcharge, administrative penalty for infraction of health and safety measures, imputation criminal in the most serious cases of non-compliance, and compensation for damages. A part. of these difficulties are studied in this study, in particular, those related to the judicial coordination of the decisions of the benefits surcharge, the administrative sanction and the criminal offences. To this end, we want to show that, although there is usually parallelism between the administrative decisions of the benefits surcharge and the sanction, in the judicial phase that synchronization vanishes, and may lead to contradictory resolutions on the consequences of the same event (the accident). In fact, if we take into account that the same Labor Inspectorate official acts investigating the accident for both benefits surcharge and for the sanction, the logical thing is that his assessment of what happened for both consequences is the same. Parallelism that is not usually lost in the decision-making phase, because although it corresponds to different bodies (labor authority and INSS), both tend to abide by the findings of the Labor Inspectorate. It is true that this does not mean absolute identity, the sense is that whenever there is a penalty proposal there is a benefits surcharge and vice versa, but simply that cases where there is no correspondence, for example, due to the relevant set of principles, will be exceptional of the sanctioning procedure, such as the presumption of innocence, without room in the benefits surcharge procedure, or because the causal link between the preventive infraction and the damage covered for the benefits surcharge has not been properly proven.
The same thing does not happened when the issues reach the court, as evidenced in this study. In spite of the malfunctions that might arise from the fact that, although the proceedings run parallel, the judge competent to hear the benefits surcharge is not conditioned by what was said in the process of challenging the sanction, and vice versa.
The dysfunction is more incomprehensible since the social order has assumed knowledge of both processes. The legislator could have opted for some projection, such as lis pendens or the accumulation of processes, but has not done so. And the far jurisprudence from betting on the criterion unit between penalty and benefits surcharge, has opted, especially in their last sentences, for the reverse flow, separating the penalty benefits surcharge and linking it to compensation for damages resulting from the work injury.
The first difficulty in obtaining homogeneous resolutions is the different reaction to the existence of a criminal offences: the infringement procedure is paralyzed and only reopens in case of criminal acquittal. The sanctioning procedure being conditioned by the factual account given by proven in the criminal offences (Article 3.3 LISOS). Conversely, the benefits surcharge procedure is not paralyzed by the initiation of criminal offences or by the sanctioning procedure, although both interrupt the prescription of the benefits surcharge action. Logically, this hinder the relation of the proven facts that are formulated in the law and ratified by the Constitutional Court (regarding how the accident happened and whether there had been non-compliance with preventive measures). At this point, the criterion of the Supreme Court has been qualified the jurisprudence constitutional, giving priority for self-autonomy in the benefits surcharge judgment –about the infraction of preventive measures and the percentage–. That supposes to accept the imposition of the benefits surcharge without specifically infraction of security measures.
The study concludes with a review of the possible ways of solutions for the contradictory resolutions. In the first point, the possibility of reviewing the final judgment of benefits surcharge is analyzed, with a subsequent acquittal penal sentence for non-existence of any preventive default or for false testimony. That is not possibility with a sanctioning sentence. Secondly, the possibility of incorporating the benefits surcharge /sanctioning sentence in the other litigation, also in the appealing before the Supreme Court, is analyzed too. Above all it insists on the convenience of appreciating the effect of res judicata between the two judgments about of the preventive infraction, turned down by the Supreme Court (at least until, STS 25-4-2018).
Recapitulation, the series of critical conclusions in these jurisprudential are offered. The imposition of the benefits surcharge without specifically infraction of security measures meaning recognize always. That gives uncertainty legal to the employer, and injustice, because if he has covered the specific legal security requirements of the prevention regulation provides, it does not appropriate to impose another high economic burden, it added assurance for the Social Security system. Specially if you remember that the benefits surcharge is absolutely compatible with the compensation for damages, and that it is not insurable. If is necessary a specifically infraction of preventive, the benefits surcharge sentence must be linked of the sanction, except in exceptional cases (as he seems to admit now, STS 25-4-2018).
