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José Ignacio Sacristán Enciso
La Constitución Española de 1978 atribuye a los poderes públicos del Estado la función de velar por la prevención de riesgos laborales, mediante la elaboración y ejecución de una política nacional de seguridad y salud en el trabajo. Esta política nacional deberá contemplar programas que marquen objetivos, prioridades y medios que permitan mejorar las condiciones de trabajo en España, y estar participada por los Agentes Sociales, como representantes de las empresas y los trabajadores. Uno de los instrumentos más importantes con que cuentan los poderes públicos para ejecutar la política nacional de seguridad y salud en el trabajo es la Inspección de Trabajo y Seguridad Social.
La Inspección de Trabajo y Seguridad Social española es un servicio público al que la normativa le atribuye funciones de vigilancia, control y exigencia de responsabilidades en materia de prevención de riesgos laborales, así como de información, asistencia técnica y composición de conflictos también en esta materia. Estas funciones las realiza actuando sus dos vertientes tradicionales: la represiva o disuasoria, que normalmente se pondrá en marcha como consecuencia de una denuncia pública ante un incumplimiento de la normativa, y la proactiva o preventiva que se iniciará como consecuencia de la actividad planificada. Ambas formas de actuación deben estar dirigidas a conseguir la mejora de las condiciones de trabajo y a prevenir la siniestralidad laboral en las empresas, y deberán poder realizarse de una forma equilibrada.
La Inspección de Trabajo y Seguridad Social española desarrolla sus funciones en materia de prevención de riesgos laborales de acuerdo con las directrices y orientaciones emanadas de los órganos de la Unión Europea y de las Autoridades Nacionales. Dichas directrices y orientaciones vienen estableciendo la necesidad de que las inspecciones de Trabajo se orienten hacia la búsqueda de soluciones concretas, dando prioridad a la actividad planificada centrada en riesgos específicos. También quieren estas autoridades, que las inspecciones desplieguen no solo las funciones coercitivas sino también las de asesoramiento y apoyo, lo que dependerá, en buena medida, de la experiencia y formación del Inspector. Los Inspectores de Trabajo deben poder ser vistos por las empresas y trabajadores como factores que facilitan el cumplimiento de la legislación y no como obstáculos a la actividad empresarial. Estas orientaciones, tanto las provenientes de las autoridades comunitarias como de las nacionales, se incorporan al Plan Anual de Actuaciones de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social de España, favoreciendo con ello el funcionamiento cohesionado del Sistema español de Inspección de Trabajo y Seguridad Social, y su aproximación al resto de los Sistemas europeos de Inspección de Trabajo.
Este Plan de Actuaciones inspectoras agrupa los distintos programas y campañas, de alcance general y territorial, siendo los primeros los que exigen una actuación homogénea de la Inspección de Trabajo en todo el Estado o en el ámbito de la Unión Europea, y los segundos los que atienden a problemáticas específicas de ámbito territorial o local.
Además, el Plan Anual contempla la realización de inspecciones en otras materias distintas a la prevención de riesgos laborales, como ocurre con las actuaciones de relaciones laborales, empleo irregular, trabajo de extranjeros y Seguridad Social, lo que dota a las comprobaciones de un mayor alcance y eficacia. De esta forma, el Plan Anual de Actuaciones se configura como un instrumento que además de ordenar y guiar la actuación inspectora en todas sus materias, cumpliría con una función informativa y de promoción dirigida a empresas y trabajadores, que además debería ampliarse al conjunto de la sociedad mediante la publicación de sus principales directrices en el Boletín Oficial de Estado.
La actividad de la Inspección en la última década revela que, a pesar de la disminución en el número de denuncias registradas en materia de prevención de riesgos laborales, sin embargo, el número de inspecciones se han mantenido e incrementado como consecuencia de la mejora de los procesos de planificación, lo que ha reforzado su función preventiva. La información estadística de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social española revela que un alto porcentaje de la actividad que realiza en materia de prevención de riesgos laborales tiene su origen en una previa planificación (algo más de un 70 por 100 de la actividad realizada en 2016 tuvo un origen planificado), y que además la misma se somete a un continuo proceso de evaluación y adaptación, lo que favorece la eficacia de las inspecciones y su adaptación a las demandas sociales. También se observa en las estadísticas, que los Inspectores de Trabajo han sabido conjugar de una forma equilibrada las actuaciones coercitivas con las de asesoramiento e información, primando numéricamente las segundas sobre las primeras, lo que podría revelar un alto grado de cumplimiento empresarial tras las inspecciones realizadas. No obstante, para poder valorar el grado de eficacia de las inspecciones, además resultaría necesario que por las autoridades nacionales de la Inspección de Trabajo española se pudiese analizar la incidencia que han tenido las inspecciones en la disminución de la siniestralidad en las empresas inspeccionadas, no existiendo, por el momento, estudios al respecto.
Por otra parte, la nueva ordenación legal de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social española ha venido a renovar tanto la organización como la especialización funcional de la Inspección de Trabajo en materia de prevención de riesgos laborales. La Ley 23/2015, de 21 de julio, Ordenadora del Sistema de Inspección de Trabajo y Seguridad Social ha previsto la incorporación de nuevos funcionarios subinspectores especializados en seguridad y salud laboral, a los que se les exige estar en posesión de formación universitaria de grado en distintas ramas técnicas como la ingeniería, la arquitectura y las ciencias de la salud, lo que ha reforzado tanto las funciones de vigilancia y control como las de información y asistencia técnica a empresas y trabajadores. La actividad a realizar por estos nuevos funcionarios estará dirigida preferentemente a verificar el cumplimiento de la normativa de seguridad y salud referida a condiciones materiales de trabajo, especialmente las relativas a lugares de trabajo, equipo, productos, presencia en el medio ambiente de trabajo de agentes físicos, químicos y biológicos y procedimientos para su utilización, pudiendo también colaborar con los Inspectores de Trabajo en la investigación de la siniestralidad laboral. Su trabajo deberá estar planificado, correspondiendo su supervisión al Inspector de Trabajo, que deberá integrarlo con la actividad inspectora realizada en otras materias. La nueva organización permitirá contar con especialistas en distintas materias que estarán integrados en unidades de alta especialización, y en equipos de trabajo en los que primará la planificación y el trabajo programado. De esta forma, aunando la mejora de los procesos de planificación y programación de las inspecciones de Trabajo con la nueva organización y especialización funcional de inspectores y subinspectores, la Inspección de Trabajo y Seguridad española se configura como uno de los instrumentos esenciales para garantizar la eficacia de las políticas nacionales y europeas dirigidas a reducir los actuales índices de siniestralidad laboral.
The Spanish 1978 Constitution attributes Public powers of the State the function of overseeing the Occupational Health and Safety, by the means of elaborating and carrying out a national policy on Occupational Health and Safety. This national policy ought to include programmes that set targets, priorities and means that allow the improvement of working conditions in Spain, and must be participated by the Social Partners, as mandatories of enterprises and workers. One of the most important instruments available to Public powers for executing this national policy on Occupational Health and Safety is the Labour and Social Security Inspectorate.
The Spanish Labour and Social Security Inspectorate is a public service to whom the legal framework attributes the: monitoring, control, enforcement and demand of the responsibilities in the scope of Occupational Heath and Safety, and the information, technical assistance and settlements of disputes in this area. These functions are carried out acting on its two traditional sides: repressive or deterrent one – that commonly starts out as consequence of a public complaint after a breach in the legal framework, and the proactive or preventive that starts out as a consequence of the programmed activity–.
Both ways of acting must be oriented to the improvement of working conditions and prevention of work related accidents in working sites, and should be carried out in a balanced manner.
The Spanish Labour and Social Security Inspectorate carries out its functions in the Occupational Health and Safety field in agreement with the guidelines and orientations from the European Union and the National competent Authorities. These guidelines and orientations establishes the need that Labour Inspectorates are oriented towards the search of specific solutions, prioritising the programmed planned activity focused on specific risks. These authorities also want that Inspectorates deploy not only their coercitive functions but also the ones of consultancy and support, which would depend on a great amount on the experience and training of the labour inspector. Labour inspectors should be considered, by both employers and employees, as key elements that facilitate the compliance with the law and not as obstacles to enterprises commercial activity.
These orientations, as much as coming from the European or National Authorities, are put into the Yearly Action Plan of the Labour and Social Security Inspectorate of Spain, leading to a cohesive work of the Spanish Labour and Social Security Inspectorate system and to a closeness to the rest of the European Labour Inspection Systems. The Yearly Action Plan of inspections sums up all the different programmes and campaigns, with a general and territorial scope, being the firsts ones those who demand an homogeneous action of the Labour Inspectorate within the whole territory of the Kingdom of Spain or at European Union level and the second ones those devoted to specific issues of their own local territory. Furthermore the Yearly Action Plan includes inspections in other different matters apart from Occupational Health and Safety, such as: labour relations, undeclared work, foreigners work and Social Security, that lead inspection activities to a bigger scope and efficacy. As a result, the Yearly Action Plan is set out as an instrument that in addition to order and guide the inspection activity in all of its areas of competence, has an informative and promotion function addressed to enterprises and employees, that furthermore should be enlarged to the whole of the society by the publication of its main directives in the Official Gazette (BOE).
In the last decade inspection activity, shows that despite of the diminishing of the number of complaints in the Occupational Health and Safety Area, the number of inspection activities have been kept or increased as a consequence of the improving of the planification processes, which have reinforced its preventive function. Statistical information of the Labour and Social Security Inspectorate of Spain shows that a great percentage of the activity carried out in the Occupational Health and Safety area has its origin in a previous plannification (more than 70% of its 2016 activity has a plannified origin), and that its activity is under a continuous process of evaluation and adaptation, which means the efficacy of its inspections and its adaptation to the social needs. From the statistics can be also observed that, Labour Inspectors have mixed up in a balanced way coercitive activities with those of counselling and information, being statistically bigger these last ones, which could show a great deal of employers compliance after the inspection activities. Nevertheless, in order to value the degree of efficacy of the inspection activities it would be necessary that National authorities of the Spanish Labour and Social Security Inspectorate could annalise the effect that the inspection activities has had in the diminishing of work related accidents in the enterprises inspected, not having at this moment studies on these issue.
On the other hand, the new legal framework of the Labour and Social Security Inspectorate of Spain, has renewed both, the organization and the functional specialization of the Labour and Social Security of Spain in the Occupational Health and Safety Area. The 23/2015, 21st July, Act on the Ordering of the System of Labour and Social Security Inspectorate has foreseen the addition of new civil servants, subinspectors specialised on Occupational Health and Safety, that must be in possession of a university degree in different technical areas of knowledge such as: engineering, architecture and health sciences, which has reinforced both the functions of monitoring and control and information and technical assistance to employers and employees. The activity to be carried out by this new civil servants will be preferably oriented to verify the compliance with the Occupational health and Safety legal framework of working conditions, specially those devoted to work places, working sites, equipments, products, presence in the working environment of physical, chemical, and biologic agents, and procedures for its utilisation, being also able to cooperate with Labour Inspectors in the investigation of work related accidents.
Their activity must be planified, being supervised by the Labour Inspector, that should integrate with the inspective activity carried out in other areas. The new organisation will enable to count whit specialists in different areas that will be integrated in high specialised units, and working teams in which plannification and programmed work will prevail. Thus, summing up the upgrading of planning processes and the programming of the labour inspection activities with the new organisation and functional specialisation of inspectors and subinspectors, the Spanish Labour and Social Security Inspectorate is configured as one of the essential instruments of the Public Powers to guarantee the efficacy of the European and National Policies with a view to diminishing the current rates of work related accidents.
