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Susana Rodríguez Escanciano 
Cierto es que las empresas constituyen una plataforma fundamental para impulsar buenas prácticas medioambientales, integrando la protección del medio natural en la política de gestión organizativa y en la dinámica de un trabajo menos insano. Reducir el consumo de energía, materias primas y agua, descarbonizar la economía, rebajar las emisiones y disminuir o evitar todas las formas de desechos y contaminación, atesoran comportamientos empresariales respetuosos con los valores medioambientales y, al tiempo, implican per se el desarrollo de una actividad profesional menos tóxica. En su envés, el daño empresarial al medio ambiente repercute de forma negativa tanto en el hábitat natural como en la salud de los propios trabajadores en cuanto sujetos más próximos al agente contaminante. Por otra parte, son los asalariados los que, en muchas ocasiones, resultan conocedores inmediatos de los deterioros que la actividad empresarial provoca en el medio ambiente, por lo que se convierten en importantes garantes de la biosfera. De este modo, un entorno adecuado llevaría a un medio ambiente natural menos perjudicado, siendo muy difícil establecer una línea divisoria entre riesgo profesional y riesgo ecológico, resultando conveniente adoptar como máxima una cultura verde integral ad intra y ad extra en el marco de las organizaciones productivas.
Desde tales premisas, no cabe desconocer que existe un potencial significativo para la creación de puestos de trabajo en determinados sectores respetuosos con el medio ambiente, tal y como sucede con la producción de energía a partir de fuentes renovables, eficiencia energética, gestión de residuos y del agua, calidad del aire, restauración y preservación de la biodiversidad, adaptación al cambio climático y desarrollo de una infraestructura ecológica, actividades todas ellas más limpias y, sin duda, menos expuestas que la industria tradicional.
Ahora bien, el término «empresa verde», como nuevo yacimiento de empleo, no supone la ausencia total de peligros en la actividad laboral, no en vano la inclusión de procesos productivos novedosos, con cambios en las formas de trabajo y la utilización de agentes hasta ahora desconocidos generan riesgos en el trabajo distintos, en ocasiones, de los tradicionales, pero no por ello menos importantes. Así pues, cabe afirmar que las cada vez más avanzadas tecnologías empleadas, y los sofisticados métodos utilizados sin duda más especializados y evolucionados para la generación de estas energías renovables, está provocando el surgimiento de nuevas formas de nocividad y desconocidos factores de afectación negativa para la salud de los trabajadores, que habrán de ser valorados convenientemente con el fin de adoptar las medidas de prevención oportunas. Y aquí es precisamente donde se puede constatar cómo la progresiva implantación del sistema nacional de producción energética a través de las fuentes mencionadas en el que son acusados los avances de la ciencia y la investigación como política pública estratégica no ha ido acompañada de un cuerpo normativo que proporcione criterios seguros para resolver los conflictos e interrogantes que se plantean entre los distintos intereses en tensión en el marco laboral, por una parte, de los promotores de la actividad de producción energética y, por otra, de los trabajadores que sufren accidentes laborales o contraen enfermedades que no merecen, en muchos casos, la calificación de profesionales al no estar listadas, cuya solución se afronta compleja para los órganos judiciales, pues, ante las lagunas existentes, se ven abocados a recurrir, muchas veces a normas genéricas, en otras ocasiones a prescripciones más específicas pero de aplicación selectiva en función del peligro concreto (eléctrico, manipulación de cargas, incendio, explosión, sustancias químicas, agentes biológicos…), sin dejar de atender a innumerables pautas técnicas dotadas del mero valor de buenas prácticas.
La intervención del legislador en este marco deviene imprescindible al objeto de tutelar los riesgos laborales emergentes en los subsectores relacionados con el mercado de las energías alternativas. A tal fin puede servir de modelo la orientación seguida por la normativa preventiva en el sector de la construcción tradicional, que ha tenido la virtud de actualizarse y adaptarse a la transformación operada desde una agotada edificación expansiva e invasiva hacia una actividad empresarial más sostenible desde el punto de vista de la salubridad laboral y desde la perspectiva de la calidad atmosférica. Cuando está bien planificado, el crecimiento urbano encierra el potencial de mejorar el acceso de las personas a la educación, la atención a la salud, la vivienda y otros servicios, gestionar de manera adecuada el efecto de la población sobre el medio ambiente y, también, fomentar las oportunidades en materia de productividad económica, siendo capaz de generar ocupaciones laborales menos penosas en el marco de una actividad empresarial, de mayor complejidad que la construcción clásica pero de alto valor añadido, basada en la regeneración y rehabilitación urbana integral, que comprende cometidos tan variados como pueden ser la conservación de los conjuntos históricos y culturales, la reparación y renovación del parque de viviendas cuando existan situaciones de insuficiencia o degradación de los requisitos básicos de funcionalidad, seguridad y habitabilidad, la superación de la pobreza energética, el progreso de la calidad de vida de los ciudadanos en todos los barrios incluidos los menos favorecidos, así como la aplicación de las tecnologías de la información y comunicación en los entornos urbanos para conseguir la mejora del transporte, la movilidad, la seguridad ciudadana y el suministro y consumo de energía y agua (ideas englobadas bajo el concepto de «smart. city»).
Este nuevo enfoque del urbanismo, centrado en la regeneración, rehabilitación y renovación urbanas, va a permitir incentivar la coyuntura económica, impulsar el desarrollo del empleo diseñando viviendas energéticamente más eficientes y socavar la autocomplacencia con unas deficientes condiciones laborales que han acompañado tradicionalmente al sector de la edificación: alta tasa de rotación, temporalidad y parcialidad, una estructura ocupacional intensiva en mano de obra manual, un nivel de formación inferior a la media del resto de la economía, unos ritmos intensos de ejecución de las obras (destajos), un encadenamiento masivo de contratas y subcontratas ante un tejido productivo altamente atomizado, escasa innovación, una baja intervención de mujeres y una elevada participación de mano de obra extranjera, sin olvidar –por lo que aquí interesa– los elevados índices de siniestralidad inherentes. Se trata, por tanto, de crear nuevas oportunidades de empleo dentro de un sector de la construcción menos manual y más avanzado desde el punto de vista técnico, incorporando materiales menos contaminantes, adelantados sistemas bioclimáticos y, cómo no, modernas herramientas, que permitan mejorar la salubridad de las actividades profesionales.
La buena noticia es que la apuesta por el diseño de la construcción bajo estas nuevas coordenadas de rehabilitación, regeneración y renovación urbanas va a resultar positiva desde dos puntos de vista: el relativo a la salud laboral y el medioambiental. Atendiendo al segundo, no es ocioso recordar que a través de este nuevo modelo de urbanismo se va a redundar en la reducción de emisiones contaminantes, de gases de efecto invernadero o de producción de residuos, así como de los consumos de agua y energía, priorizando la utilización de materiales reutilizados o reciclados y de energías renovables frente a las fuentes de energía fósil, todo ello con el fin último de rebajar la liberación de gases de efecto invernadero y de combatir la pobreza energética. Por lo que hace al primero, un sector fuerte dedicado a la edificación ecológica permitirá la creación de un nutrido conjunto de puestos de trabajo de mayor calidad que los asociados a la construcción tradicional, mejor retribuidos y, cómo no, con menores dosis de penosidad.
Sin dejar de reconocer el potencial del urbanismo sostenible para crear puestos de trabajo, contribuir al crecimiento del Producto Interior Bruto, favorecer la cohesión social y beneficiar el entorno medioambiental externo e interno, lo cierto es que no es posible obviar que también entraña sus peligros, de modo que al igual que en la construcción tradicional existe un conjunto de variables que influyen, de manera decisiva, en las condiciones laborales del personal que presta sus servicios dentro de este nuevo ámbito que puede calificarse como versátil y diversificado en cuanto a riesgos profesionales se refiere, concurriendo además un reciente repunte en los índices de siniestralidad si se atiende a la estadística. Los cambios en el diseño de la actividad urbanística, pasando desde el desarrollo desenfrenado a la apuesta actual por la conservación y, sobre todo, renovación y regeneración de la ciudad existente, no eliminan de radice los riesgos laborales, que ciertamente pueden ser distintos, en ocasiones, a los de su configuración precedente, pero no por ello son menos importantes, no en vano «construcción sostenible» no es sinónimo de ausencia de peligro de sufrir accidentes de trabajo o de contraer enfermedades profesionales. La construcción, en general y la ecológica en particular, integra uno de los sectores de la actividad con mayores tasas de accidentabilidad del tejido económico, generando riesgos ciertos, unos heredados del pasado (trabajos en altura, resbalones, tropiezos, cortes, caídas, vuelco de maquinaria, sepultamientos, ruido, vibraciones, atropellos, sobreesfuerzos, posturas difíciles, cargas, golpes con objetos grandes, inclemencias meteorológicas, explosiones, incendios, impactos eléctricos, almacenamiento y manipulación de productos químicos, espacios confinados, destajos, envejecimiento de los trabajadores…), y otros de nueva gestación, derivados de novedosos materiales, tecnologías y diseños en las obras que permiten una mayor sostenibilidad del entorno natural mediante la reducción del consumo de energía y materias primas, una disminución de gases de efecto invernadero y una minimización y mayor aprovechamiento de los residuos a través de su reutilización, reciclaje o valorización, si bien, al tiempo, provocan el surgimiento de nuevas situaciones negativas, tales como, en una primera aproximación, la instalación de tecnologías de energía renovable en altura, combinada con la utilización de nuevos aislantes o productos que contienen nanomateriales o con exposiciones incontroladas a fibras, a partículas ultrafinas o a microorganismos desconocidos, unidas al uso de elementos reciclados, reutilizados o renovables con altas dosis de alérgenos, sustancias cancerígenas (bambú, paja, lana de oveja, lino, corcho, papel, disolventes, escoria fundida, feldespatos, titanio de potasio, cenizas volantes, sílice cristalina, fibra cerámica, roca, alquitrán de hulla, madera, resinas, serrín, cenizas de carbón…) o de productos acuosos que contienen biocidas, así como de fuentes de energía alternativa (solar pasiva, eólica y bioenergía), cuya obtención presenta riesgos laborales de incendio o de electrocución.
La prevención de los riesgos laborales en la construcción clásica y también en la regeneración y rehabilitación urbanas, donde la frecuencia de los accidentes de trabajo y enfermedades profesionales es muy elevada, condicionada por tratarse de una actividad de riesgo en sí misma considerada, por la existencia de diversas fases (de proyecto y de ejecución), que exigen una atención específica y una elevada coordinación, máxime teniendo en cuenta que los accidentes resultan de gran severidad debido, sobre todo a las caídas de altura y al riesgo de sepultamiento, ha sido objeto de atención particular desde el Derecho de la Unión Europea a través de la Directiva 92/57, de 24 de junio (modificada por la Directiva 2007/30), y también desde el punto de vista del Derecho interno. Cabe mencionar, en primer lugar, la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de ordenación de la Edificación, donde se regulan las exigencias técnicas y administrativas de la edificación y los agentes intervinientes; el Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción; el Real Decreto 171/2004, de 30 de enero, sobre coordinación de actividades empresariales;
el propio Código Técnico de la Edificación, aprobado por Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, con el objetivo de contribuir de manera decisiva al desarrollo de las políticas en materia de sostenibilidad, derivadas del Protocolo de Kyoto o de la Estrategia de Gotemburgo, que sintoniza con las nuevas exigencias de los procesos edificatorios y urbanizadores, fijando las exigencias básicas de calidad de los edificios y sus instalaciones, en referencia tanto a la seguridad estructural y de lucha contra incendios, como a la salubridad, protección contra el ruido, el ahorro energético o la accesibilidad para personas con movilidad reducida, exigencias básicas que deben cumplirse en el proyecto, la construcción, el mantenimiento y la conservación de los edificios y sus instalaciones (art. 1.4); la Ley 32/2006, de 18 de octubre, de Subcontratación en el Sector de la Construcción; la Ley 14/1994, de 1 de junio, por la que se regulan las empresas de trabajo temporal; y, cómo no, el VI Convenio Colectivo General del Sector de la Construcción, que dedica especial atención a la prevención de riesgos laborales (Libro Segundo), sin limitarse a realizar meras declaraciones programáticas sino que se ocupa de introducir una exhaustiva regulación preventiva. Elementos clave en este propósito son también las figuras del evaluador de edificios, el coordinador de seguridad y salud, el director técnico de la ejecución de la obra y el proyectista, dotadas todas ellas de competencias claras.
Sin dejar de reconocer que todavía quedan pasos por dar, cabe señalar que todo este cuerpo normativo y, sobre todo el esfuerzo de adaptación realizado por los interlocutores sociales, puede servir de inspiración para mejorar las condiciones de seguridad y salud en otros sectores estratégicos emergentes más limpios desde el punto de vista medioambiental en los que se manifiestan nuevas dolencias profesionales.
It is true that companies are a fundamental platform for promoting good environmental practices, integrating environmental protection into organisational management policy and the dynamics of less unhealthy work. Reducing the consumption of energy, raw materials and water, decarbonising the economy, emissions reduction and the decrease or avoidance of all forms of waste and pollution, all result in corporate behaviour that respects environmental values and, at the same time, involves the development of a less toxic professional activity per se. On the other hand, business environmental damage has a negative impact on both the natural habitat and the health of the workers themselves as subjects closest to the polluting agent. In addition, it is the employees who, on several occasions, are immediately aware of the deterioration that business activity causes in the environment, and therefore become important custodians of the biosphere. On the other hand, business environmental damage has a negative impact on both the natural habitat and the health of the workers themselves as subjects closest to the polluting agent. In addition, it is the employees who, on several occasions, are immediately aware of the deterioration that business activity causes in the environment, and therefore become important custodians of the biosphere. Thus, a suitable environment would lead to a less damaged natural environment, which makes the dividing line between professional risk and ecological risk very difficult to establish, so it is advisable to adopt as a principle an integral green culture ad intra and ad extra within the framework of the productive organizations.
On this basis, it cannot be ignored that there is significant potential for job creation in certain environmentally friendly sectors, such as energy production from renewable sources, energy efficiency, waste and water management, air quality, restoration and preservation of biodiversity, adaptation to climate change and development of ecological infrastructure, all of which are cleaner and undoubtedly less polluted than traditional industry.
However, the term «green company», as a new source of employment, does not mean that there are no hazards at all in the workplace, but the inclusion of new production processes, with changes in working methods and the use of previously unknown agents, generate work-related risks that are sometimes different, but no less important, than traditional ones. Therefore, it can be said that the increasingly advanced technologies used, and the sophisticated methods applied, which are undoubtedly more specialised and advanced for the generation of these renewable energies, are causing the emergence of new forms of harmfulness and unknown factors of negative impact on the health of workers, which must be properly assessed in order to adopt the appropriate preventive measures. And it is in this context that we can see how the progressive implementation of the national energy production system through the abovementioned sources, in which the advances in science and research as a strategic public policy are evident, has not been accompanied by a regulatory body that provides safe criteria for resolving the conflicts and questions that arise between the different interests in conflict within the labour framework: on the one hand, the promoters of energy production and, on the other hand, the employees who suffer work-related accidents or contract diseases that do not deserve, in many cases, the qualification of occupational disease as they are not listed; the solution to these problems is complex for the judicial authorities, since, in the face of existing shortcomings, they are often forced to resort to generic standards, and on other occasions to more specific requirements, but with selective application depending on the particular danger (electrical, load handling, fire, explosion, chemical substances, biological agents, etc.), while complying with countless technical guidelines with the simple value of good practices.
The legislator’s role in this context is essential in order to protect emerging occupational risks in the subsectors related to the alternative energy market. To this end, the guidance of preventive regulations in the traditional construction sector can serve as a model, which has had the virtue of being updated and adapted to the transformation that has taken place from an out-of-date, expansive and invasive building to a more sustainable business activity in terms of occupational health and safety and from the perspective of atmospheric quality. If it is well planned, urban growth has the potential to improve people’s access to education, health care, housing and other services, to adequately manage the impact of people’s lives on the environment, and also to promote opportunities in terms of economic productivity, being able to generate less stressful jobs in the context of a business activity of greater complexity than traditional construction but with high added value, based on comprehensive urban regeneration and rehabilitation, which includes such diverse tasks as the conservation of historic and cultural ensembles; the repair and renovation of the housing stock when there are situations of deficiency or degradation of functional, safety and habitable basic requirements; the overcoming of energy poverty; the progress of citizens’ quality of life in all neighbourhoods, including the most disadvantaged; as well as the implementation of information and communication technologies in urban environments to improve transport, mobility, public safety and the supply and consumption of energy and water (ideas included under the «smart. city» concept).
This new approach to urban planning, focusing on urban regeneration, restoration and renovation, will provide an economic stimulus, encouraging the development of employment by designing more energy-efficient housing and undermining self-complacency with the poor working conditions that have traditionally characterised the building sector: high turnover rate, temporariness and part-time work, a manual labour-intensive occupational structure, a lower level of training compared to the average for the rest of the economy, intensive rates of execution of the works (piecework), a massive succession of outsourcers and subcontractors in the context of a highly fragmented productive system, insufficient innovation, low participation of women and high participation of foreign workers, not to mention – as far as this is concerned – the inherent high accident rates. Therefore, it is a question of creating new employment opportunities within a less manual and more technically advanced construction sector, incorporating cleaner materials, advanced bioclimatic systems and, of course, modern tools, to improve the healthiness of occupational activities.
The good news is that the commitment to designing construction under these new coordinates of urban restoration, regeneration and renovation is going to be positive from two points of view: health at work and the environmental one. Regarding the second, it is not pointless to remember that this new urban planning model will lead to a reduction in polluting emissions, greenhouse gases or waste production, as well as water and energy consumption, prioritising the use of reused or recycled materials and renewable energy instead of fossil energy sources, all with the ultimate aim of reducing the release of greenhouse gases and combating energy poverty. Regarding the first one, a strong sector dedicated to ecological construction will allow the creation of a large number of jobs of higher quality than those associated with traditional construction, better paid and, of course, with lower levels of hardship.
While recognising the potential of sustainable urban planning to create jobs, contribute to the growth of Gross Domestic Product, promote social cohesion and favour the external and internal environment, the fact is that it cannot be ignored that it also entails its dangers, which means that, just as in traditional construction, there is a set of variables that influence it, In a decisive way, in the working conditions of the employees who provide their services in this new sphere, which can be qualified as versatile and diversified in terms of occupational risks, with a recent increase in the accident rates if statistics are taken into account. The changes in the design of urban development activity, from unbridled development to the current commitment to conservation and, above all, the renovation and regeneration of the existing city, do not eliminate hazards in the workplace, which can sometimes be different from those of their previous configuration, but they aren’t less important; not for nothing, «sustainable construction» is not synonymous with the absence of the possibility of suffering work-related accidents or occupational diseases. Construction, in general, and the ecological one in particular, integrates one of the activity sectors with the highest accident rates of the economic structure, generating certain risks, some inherited from the past (work at height, slips, trips, cuts, falls, machinery overturning, burials, noise, vibrations, collisions, overexertion, awkward postures, loads, blows with large objects, inclement weather, blasts, fires, electrical impacts, storage and handling of chemicals, confined spaces, piecework, aging of employees…), and others of new gestation, derived from the novel materials, technologies and designs in the constructions that allow a greater sustainability of the natural environment due to the decrease of the consumption of energy and raw materials, a reduction of greenhouse gases and a minimization and better use of the residues through their reuse, recycling or valorization, but, at the same time, they provoke the emergence of new negative situations, such as, in a first approximation, the installation of renewable energy technologies at heights, combined with the use of new insulators or products containing nanomaterials or with uncontrolled exposure to fibres, ultrafine particles or unknown micro-organisms, together with the use of recycled, reused or renewable elements with high doses of allergens, carcinogenic substances (bamboo, straw, sheep’s wool, flax, cork, paper, dissolvents, molten slag, feldspars, potassium titanium, fly ash, crystalline silica, ceramic fibre, rock, coal tar, wood, resins, sawdust, coal ash, etc.) or aqueous products containing biocides, as well as alternative energy sources (passive solar, wind and bioenergy), the production of which presents a fire or electrocution occupational hazard.
The workplace hazard prevention in classic construction and also in urban regeneration and restoration, where the frequency of accidents at work and occupational diseases is very high, conditioned by the fact that this is a risky activity in itself, by the existence of various phases (design and execution), which require specific attention and high coordination, especially bearing in mind that accidents are very severe mainly due to falls from heights and the risk of being buried, which has been the subject of particular attention under European Union law via Directive 92/57 of 24 June (amended by Directive 2007/30), and also from the point of view of national law. It is worth mentioning, in the first place, the Building Planning Act 38/1999, of 5 November, which regulates the technical and administrative requirements of the building and the agents involved; Royal Decree 1627/1997, of 24 October, which establishes the minimum health and safety requirements for building constructions; Royal Decree 171/2004, of 30 January, on the coordination of business activities; and the Building Technical Code itself, approved by Royal Decree 314/2006, of 17 March, with the aim of making a decisive contribution to the development of sustainability policies, derived from the Kyoto Protocol or the Gothenburg Strategy, in line with the new requirements of building and urban development processes, setting the basic quality requirements for buildings and their facilities, with reference to structural safety and firefighting, health standards, noise protection, energy saving or accessibility for the disabled, basic requirements to be met in the design, building, upkeep and maintenance of buildings and their installations (art. 1.4); Law 32/2006, of 18 October, on Subcontracting in the Construction Sector; Law 14/1994, of 1 June, regulating temping agencies; and, of course, the Sixth General Collective Agreement for the Building Sector, which focuses particularly on the workplace hazard prevention (Book Two), not just making mere programmatic statements but also introducing exhaustive preventive regulations. In this regard, key elements are also the figures of the building evaluator, the health and safety coordinator, the work technical director and the designer, all of whom have clear responsibilities.
Recognising that still further steps have to be taken, it should be noted that this whole body of regulations and, above all, the efforts made by the social partners to adapt to it, can serve as an inspiration for improving health and safety conditions in other strategic emerging sectors, more environmentally friendly, in which new occupational diseases are appearing.
