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María de los Reyes Martínez Barroso 
El presente artículo se ocupa de estudiar el nuevo marco estratégico en materia de salud y seguridad en el trabajo 2014-2020, a través de los principales retos y objetivos que en el ámbito de la salud y la seguridad en el trabajo se propone la Comisión Europea. Metodológicamente, se analizan las acciones clave y los instrumentos para alcanzarlos con la pretensión última de conocer hasta qué punto el ordenamiento interno da cumplimiento a dicho retos estratégicos: 1.– Mejorar la aplicación de las normas vigentes en materia de salud y seguridad, en particular mediante el refuerzo de la capacidad de las microempresas y las pequeñas empresas para poner en marcha estrategias eficaces y eficientes de prevención del riesgo. 2.– Mejorar la prevención de las enfermedades relacionadas con el trabajo, haciendo frente a los riesgos nuevos y emergentes, sin descuidar los ya existentes. 3.– Tener en cuenta el envejecimiento de la mano de obra de la Unión Europea.
Las sucesivas Estrategias han constituido el instrumento principal para establecer el marco general de las políticas de prevención de riesgos laborales a corto plazo. Lo novedoso de este instrumento no reside únicamente en que debe servir para orientar las políticas públicas en materia de seguridad y salud en el trabajo sino, sobre todo, en que incorpora mecanismos de evaluación y control de los objetivos inicialmente propuestos, al objeto de corregir las posibles desviaciones existentes y, a partir de los resultados obtenidos, planificar nuevos objetivos.
Además, partiendo de la premisa de que el principal problema de la seguridad y salud en el trabajo no es la ausencia de regulación legal sino su patente falta de aplicación y de cumplimiento real y eficiente, en el estudio se hace un balance de las fortalezas y debilidades de la aplicación de la LPRL tras más de veinte años de vigencia, a la vez que se analiza la efectividad de las acciones propuestas a nivel europeo en el ordenamiento preventivo español.
De la investigación realizada se extrae la conclusión de que la mayoría de las iniciativas, legislativas y no legislativas, planteadas en la Estrategia anterior (2007-2012) se han ejecutado con unos resultados notables que han contribuido a consolidar una cultura de la prevención del riesgo y un marco consolidado para la coordinación. No obstante, todavía queda un importante campo para la mejora, en especial, en el ámbito de la coordinación con la política medioambiental y en lo que atañe a las sustancias químicas. A su vez, existen importantes lagunas en el terreno de la implicación de los interlocutores sociales o en el campo de los datos estadísticos. De ahí la necesidad de un enfoque más preocupado por el efecto de algunas medidas preventivas en determinadas empresas (especialmente pymes), la interacción de la salud y la seguridad en trabajo con el entorno y las sustancias químicas y la prevención eficaz de las enfermedades profesionales y las relacionadas con el trabajo.
En este nuevo marco estratégico, caracterizado por un claro retroceso de los aspectos sociales y por una visión de la prevención como vehículo de satisfacción de exigencias de tipo económico, los nuevos retos pretenden conseguirse por medio de una serie de acciones ligadas a siete objetivos básicos: 1.– Proseguir la consolidación de las estrategias nacionales en materia de salud y seguridad a través de la coordinación de políticas y el aprendizaje mutuo. 2.– Proporcionar ayuda práctica a las pequeñas empresas y a las microempresas, para que puedan mejorar el cumplimiento de las normas sobre salud y seguridad. A tal efecto, dichas empresas podrán recibir asistencia técnica a través de herramientas prácticas, como la Evaluación en Línea de Riesgos Interactivos (OiRA), una plataforma web que proporciona instrumentos para la evaluación de riesgos sectoriales.
3.– Mejorar la garantía del cumplimiento de la normativa por parte de los Estados miembros, mediante la evaluación de los resultados de los organismos de inspección nacionales. 4.– Simplificar la legislación vigente a nivel europeo, para eliminar las cargas administrativas innecesarias, manteniendo, al mismo tiempo, un elevado nivel de protección de la salud y la seguridad de los trabajadores. 5.– Abordar el envejecimiento de la mano de obra europea promoviendo hábitos laborales saludables y mejorar la prevención de las enfermedades relacionadas con el trabajo para hacer frente a los riesgos emergentes (junto con los ya existentes), como los nanomateriales, las tecnologías verdes o la biotecnología. 6.– Mejorar la recogida de datos estadísticos para disponer de mejores pruebas y desarrollar herramientas de seguimiento. 7.– Reforzar la coordinación y colaboración con organizaciones internacionales como la OIT, la OMS o la OCDE y con los socios europeos, para contribuir a reducir los accidentes de trabajo y las enfermedades profesionales y a mejorar las condiciones laborales en todo el mundo.
Para llevar a cabo estas acciones, el marco estratégico establece como principales instrumentos el diálogo social, la sensibilización, el reforzamiento de las garantías de cumplimiento de la legislación y las necesarias sinergias con otras políticas, en especial, salud pública, educación, investigación o igualdad. Dichos instrumentos no le resultan ajenos al legislador español en su política preventiva para hacer frente a los riesgos emergentes, fundamentalmente los de carácter psicosocial y los relacionados con la violencia en el trabajo, a partir del deber de protección empresarial, la negociación colectiva o los códigos de buena conducta.
El nuevo marco estratégico ha supuesto una reestructuración de las prioridades de las acciones comunitarias en materia de seguridad y salud en el trabajo, primando aquellas en las que se puede intuir una suerte de retorno económico en la gestión o incidencia en la sostenibilidad de los sistemas de protección social. Ello se aprecia de un modo muy acusado en el fomento del envejecimiento activo, materia en la que las normas programáticas españolas han empezado a realizar propuestas en cuanto se refiere a la reducción de la jornada laboral, evaluación de riesgos, vigilancia de la salud, formación e información para la seguridad y salud en el trabajo de los empleados de más edad, movilidad funcional o medidas en el ámbito de la investigación y de la protección social, fundamentalmente ligadas a la jubilación anticipada por trabajo penoso.
The current paper examines the new Strategic Framework on Health and Safety at Work 2014-2020, through the main challenges and objectives proposed by the European Commission in the sphere of health and safety at work. Methodologically, the key actions and the instruments to achieve them are analysed with the ultimate objective of understanding the degree to which the domestic legal system implements these strategic challenges: 1.– Improve the implementation of existing health and safety standards, in particular by strengthening the capacity of micro and small enterprises to develop effective and efficient risk prevention strategies. 2.– Improve the prevention of workrelated diseases by addressing new and emerging risks, without neglecting existing ones.
3.– To keep in mind the ageing of the European Union’s workforce.
Successive Strategies have been the main instrument for establishing the general framework for short-term occupational hazard prevention policies. The novelty of this instrument is not simply that it should serve to guide public policies on health and safety at work but, above all, that it incorporates mechanisms for evaluating and controlling the objectives initially proposed, in order to correct any possible deviations and, on the basis of the results obtained, to plan new objectives.
Furthermore, based on the premise that the main problem of health and safety at work is not the absence of legal regulation but rather its obvious lack of implementation and of real and efficient compliance, the study takes stock of the strengths and weaknesses of the enforcement of the LPRL after more than twenty years of validity, while at the same time analysing the effectiveness of the actions proposed at European level in the Spanish preventive legislation.
Research has shown that most of the initiatives, both legislative and non-legislative, proposed in the previous Strategy (2007-2012) have been implemented with remarkable results that have helped to consolidate a culture of hazard prevention and a strengthened framework for coordination. However, there is still considerable room for improvement, particularly in the area of coordination with environmental policy and those regard to chemicals. Likewise, there are major shortcomings in the area of social partners’ involvement or in statistical data. Likewise, there are major shortcomings in the area of social partners’ involvement or in statistical data. Hence the need for a more concerned approach to the impact of certain preventive measures on certain enterprises (especially SMEs), the interaction of occupational health and safety with the environment and chemicals and the effective prevention of occupational and work-related diseases.
In this new strategic framework, characterised by a marked decline in social aspects and a vision of prevention as a vehicle for meeting economic demands, the new challenges are intended to be achieved through a series of actions linked to seven basic objectives:
1.– To continue the reinforcement of national health and safety strategies through policy coordination and mutual learning. 2.– Provide practical support to small and microenterprises to improve compliance with health and safety standards. 2.– To facilitate useful support to small and micro-enterprises in order to improve compliance with health and safety standards. To achieve this, these companies will be able to receive technical assistance through practical tools such as the Online Interactive Risk Assessment (OiRA), a web platform that provides tools for sectoral risk assessment. 3.– To improve the guarantee of compliance with the regulations by the Member States through the evaluation of the results of the national inspection bodies. 4.– Simplify existing legislation at European level to eliminate unnecessary administrative burdens, while maintaining a high level of protection of the health and safety of workers. 5.– Addressing the ageing of the European workforce by promoting healthy work habits and improving the prevention of work-related diseases in order to tackle emerging risks (together with the existing ones), such as nanomaterials, green technologies or biotechnology. 6.– To improve the statistical data collection in order to have better tests and develop monitoring tools. 7.– Strengthen coordination and collaboration with international organisations such as the ILO, the WHO or the OECD and with European partners to contribute to the reduction of occupational accidents and work-related diseases and the improvement of working conditions worldwide.
In order to carry out these actions, the strategic framework establishes as key instruments the social dialogue, awareness-raising, the strengthening of the guarantees of compliance with the legislation and the necessary synergies with other policies, in particular, public health, education, research or equality. These instruments are not unfamiliar to the Spanish legislator in its preventive policy to deal with emerging risks, mainly those of a psychosocial nature and those related to violence at work, based on companies’ duty to protect, collective bargaining or good behaviour codes.
The new strategic framework has involved a restructuring of the priorities of the European Union’s actions in the field of health and safety at work, with priority given to those in which management can be expected to bring some sort of economic return or have an impact on the sustainability of social protection systems. This can be seen very strongly in the promotion of active ageing, an area in which the Spanish programmatic regulations have begun to make proposals regarding the reduction of working hours, hazard assessment, health monitoring, training and occupational health and safety information for older employees, functional mobility or measures in the field of research and social protection, mainly linked to early retirement due to drudgery.
