Montserrat Hermosín Álvarez
Frecuentemente, se ha advertido acerca de la eventual colisión que podría suscitarse entre el derecho fundamental a no autoinculparse (art. 24.2 CE) y el deber de colaboración con la Administración que impone al contribuyente la exigencia de comunicar y aportar datos relativos a sus obligaciones tributarias (arts. 31 CE y 93.1 Ley General Tributaria).
El posible conflicto se pone de manifiesto si esos datos –obtenidos bajo amenaza de sanción– pudieran ser usados en un procedimiento sancionador o en un ulterior proceso penal. En el presente trabajo trataremos de indagar en sus contenidos y exigencias teniendo en cuenta la Jurisprudencia Constitucional y del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, para poder llegar a una posición integradora de ambos intereses constitucionalmente protegidos como elemento indispensable para el funcionamiento de un Estado de Derecho.
The possible collision between the right to non-self-incrimination (art. 24 CE) and the obligation to collaborate with the Tax Administration has frequently been revealed. This duty imposes on the taxpayer the requirement to provide data related to his tax obligations (arts. 31 CE y 93.1 Ley General Tributaria).
The conflict arises whether those data obtained under threat of sanction could be used in a subsequent sanctioning procedure. In this work we will analyze the contents of these constitutional values taking into consideration the Constitutional jurisprudence and the jurisprudence of the European Court of Human Rights.