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María Boado Olabarrieta
La privación de la patria potestad es, con mucho, la medida más restrictiva de los derechos de los progenitores respecto de los hijos menores. Entendida esta institución como un derecho-deber ejercido siempre en interés de los menores, la privación de ella, así como su suspensión o la inhabilitación para su ejercicio, es una decisión que se adoptará siempre en atención a dicho interés superior. Dicha decisión puede adoptarse en el marco de un proceso penal o de un proceso civil de familia. Dentro del proceso penal puede tener la naturaleza de medida cautelar, en cuyo caso hablaremos de suspensión de la patria potestad, o puede ser, terminado el proceso con sentencia condenatoria, una pena, en cuyo caso hablaremos de privación o de inhabilitación de la patria potestad. Como medida cautelar podrá adoptarse en alguno de los siguientes escenarios procesales: en la orden de protección (art. 544 ter de la LECr), o en el marco de los artículos 544 quinquies de la LECr, art. 61 y ss. de la LMPIVG y art. 518 del CC. Estos últimos suponen, en relación con la orden de protección, un gran avance en cuanto a las medidas de protección de menores ya que, a diferencia de la situación anterior a su entrada en vigor, permiten modificar las medidas acordadas anterior-mente en un proceso civil y continúan en el proceso penal junto con las medidas cautelares penales. En cuanto a la privación o inhabilitación como penas, estas están establecidas como penas específicas en determinados tipos legales (entre ellos los específicos de violencia de género), o como penas accesorias de aplicación facultativa en los artículos 55 y 56 del CP, habiéndose producido una evolución en su aplicación jurisprudencial a partir del año 2015. La privación o suspensión del ejercicio de la patria potestad como medida civil se distingue fundamentalmente en tres supuestos atendiendo a estudios jurisprudenciales: por encontrarse el progenitor en prisión, por maltrato a los menores o por falta de relación con ellos, lo que supone un incumplimiento reiterado de las obligaciones familiares
The privation of minors’ custody is the most restrictive measure that can be established in the relasionship between fathers an minors sons. This measure can be established in penal and civil process. In penal process it may be a caution measure or a pain after a crime. In the first case the privation of custody can based in articles 544 ter and 544 quinquies of Spanish law penal process (LECr). So can be based too in art. 61 of Spanish law to protect against gender violence and in art. 518 of Spanish civil code. The privation of minors’ custody may be also a pain (art. 55 y 56 of Spanish law of penal process). As a civil measure, the privation of minors’ custody uses to be imposed in case of gender violence when progenitor is in prison, when he has abused of minors or when he hasn’t had relationship whith them for a long time or he hasn’t complyed his obligations as a father
