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Raquel Blázquez Martín
Han pasado más de nueve años desde que la sentencia del Pleno de la Sala Primera 282/2009, de 29 de abril, fijara los criterios interpretativos que permitían ajustar la legislación interna a los principios de la Convención de Nueva York sobre derechos de las personas con discapacidad. El avance que ha experimentado la doctrina de la Sala Primera desde esa fecha ha sido muy fructífero y pretende ser sistematizado en este artículo. Ahora que está en trámite el anteproyecto de reforma de la legislación civil y procesal que reconoce plena capacidad jurídica a las personas con discapacidad (el anteproyecto ha sido informado por el CGPJ el 29 de noviembre de 2018), conviene detenerse a revisar las soluciones que el TS ha ensayado en los últimos años y que pueden ser de gran utilidad en la futura regulación de la materia. Se abordarán a continuación, con explicación de las sentencias más relevantes, los principios generales de la intervención judicial, los sistemas de apoyo, los criterios para el nombramiento de tutores o curadores, la autotutela, la protección de los discapaces en los procesos de familia, el régimen jurídico de los actos realizados sin autorización judicial, el derecho de sufragio, el ejercicio de la facultad de testar, el derecho a contraer matrimonio y las singularidades procesales de la determinación de la capacidad.
