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, Rosario Rodríguez Galán
El progresivo condicionamiento que ejercitan los planteamientos de la seguridad sobre las actuales políticas penales no se limita a los contenidos estrictamente penales relacionados con la delincuencia o con la justicia penal en su conjunto, sino que se extiende sobre áreas no penales que, no obstante, se consideran como una fuente de riesgo relevante para la colectividad. Desde hace años, una de esas materias no criminales que interesa al sistema penal es la movilidad de las personas, al asociarse la globalización del delito con ese otro fenómeno intemporal que es la migración. Esta ya no se percibe como un fenómeno económico o político, sino que ha pasado al primer plano de las políticas de la seguridad en buena parte de los territorios, y los mecanismos para afrontarla comienzan a ser comunes bajo esta perspectiva. Por ello, se aborda un análisis comparativo entre la situación y respuestas que se están adoptando en dos regiones tan diferentes, desde el punto de vista migratorio y de la fenomenología criminal, como son el continente europeo y la región latinoamericana de cara a identificar la influencia que los enfoques securitarios están generando en los desarrollos legales y operativos de la gestión migratoria.
