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Carmen Martín Fernández
Ya no es novedoso que las autoridades de defensa de la competencia puedan sancionar a las personas públicas, incluso a las Administraciones, por infracciones contra la competencia. Pero hasta ahora eso sólo se aceptaba en tanto que las Administraciones o sus entes institucionales actuaran como empresas. Hace algunos años la Comisión Nacional de la Competencia decidió que también cabía sancionar a las Administraciones cuando, actuando como poderes públicos, restringen la competencia. Lo hizo, además, considerando que la Administración actuaba como "facilitador" de la infracción, figura en sí misma cuestionable. Ahora los Tribunales han aceptado aquella construcción. En este trabajo se da cuenta de aquellas resoluciones y de estas sentencias, del debate que han suscitado y de sus pros y contras.
It is no longer new that the competition authorities can sanction public persons, including the Administrations, for infractions against competition. But up to now, that was only accepted as long as the Administrations acted as company. Some years ago, the National Competition Commission decided that it was also possible to punish the Administrations when, acting as public authorities, their actions restrict competition. He did it, also, considering that the Administration acted as "facilitator" of the infraction, figure in itself questionable. Now, the Courts have accepted that construction. In this paper, these resolutions and judgments and the debate generated by them are analysed together with the pros and cons of their ideas.
