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Durante el último cuarto del siglo XX la educación superior ha estado sujeta a una multiplicidad de cambios que participan de un agresivo proceso de transferencia internacional promovido por organismos de financiación y de cooperación técnica y cultural. El núcleo que los articuló, la evaluación de la calidad, incorporada como estrategia de gestión de las instituciones del sector, dio lugar a la creación de organismos y programas específicos en diferentes países destinados a la promoción de los cambios esperados. El artículo aborda un programa de este tipo, el Programa de incentivos a los docentes-investigadores aplicado en la República Argentina en la década de los noventa. Se analizan los efectos esperados y colaterales de una política gubernamental que se articula en torno al trípode evaluación del desempeño de la actividad investigadora, rendición de cuentas y remuneración diferenciada, según la percepción del profesorado que participa en él y en el caso de una institución universitaria pública
