La remunicipalización de los servicios públicos municipales provocan no pocos problemas, no solo limitados a la necesidad de acreditar una mayor y mejor eficiencia y sostenibilidad de los servicios públicos que se quieren prestar directamente, sino también y sobre todo los relacionados con la posición jurídica en la que quedan los trabajadores afectados por ese cambio de gestión. En esta ponencia se intenta dar soluciones a problemas que todavía tienen un vacío normativo.