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José Luis Salido Banús
Las presiones parlamentarias ejercidas por distintos grupos políticos durante el año 2017 con relación a que España ratifique la Carta Social Europea revisada en 1995 (CSE), hacen surgir la pregunta de si efectivamente España, que, es miembro de pleno derecho del Consejo de Europa desde el 24 de noviembre de 1977 y que, en los últimos 40 años, ha ratificado 136 convenios y ha firmado otros 11 pendientes de ratificación, retrasa voluntariamente ese compromiso internacional por razones de carácter socio-económico o si la demora se debe simplemente a que, de hecho, la legislación española ya cumple con los estándares sociales y laborales establecidos en dicha Carta y por consiguiente no hay ninguna urgencia en su ratificación, máxime cuando España ya ratificó la Carta Social Europea de 1961. La respuesta que proceda solo podrá darse comparando lo establecido en la CSE y lo regulado en la normativa española al respecto.
No obstante, si tenemos en cuenta que de los documentos constitutivos del Consejo de Europa se extrae que son sus pilares: la defensa de los derechos humanos, la democracia pluralista y la primacía del derecho, es decir, el imperio de la Ley, está claro que España cumple con todos estos presupuestos básicos. Bastando para ratificar esta aseveración repasar nuestro Texto Constitucional de 1978. Incluso a priori, teniendo en cuenta el denominado «bloque de laboralidad» de la Constitución se podría adelantar alguna respuesta a la pregunta inicialmente planteada. En este sentido, no hay duda alguna que también los Estados que forman parte del Consejo cumplen con los estándares generales antedichos, y como quiera que la CSE supone, en su revisión, un paso más en el marco en el reconocimiento y ampliación de derechos en general –así lo expresa el preámbulo de dicha revisión–, no es desacertado pensar que los Estados quieran asegurarse, antes de comprometerse, que los pueden asumir y cumplir.
Por otra parte la lectura inicial de los artículos 7, 8, 16, 17 y 19 de la Carta Social Europea relativos al derecho a los niños y adolescentes a protección en general pero también en particular a la protección social jurídica y económica, al derecho de las trabajadoras a la protección de la maternidad, al derecho de la familia a protección social, jurídica y económica y al derecho de los trabajadores migrantes y sus familias a protección y asistencia, no solo comprende las situaciones relacionadas estrictamente con el ámbito laboral, sino también otras de orden social, económico y aún político. Por razones obvias nos centraremos de forma prioritaria en los aspectos jurídico-laborales.
Es oportuno recordar que España, ha sido un país sensible a estas materias y que si nos atenemos a los más de 130 convenios de la OIT que ha ratificado desde 1919 (de aprox.
185), veremos que una buena parte de los mismos hacen referencia a tales cuestiones. Así y a mero título de ejemplo, España firmó el convenio núm. 6 sobre el trabajo nocturno de los niños en la industria y lo ratificó ya por primera vez en 1932 por la Ley de 8 de abril («Gaceta» núm. 105, de 14 de abril). Lo mismo hizo con los convenios núm. 45, de 4 de junio de 1935, sobre empleo de las mujeres en los trabajos subterráneos de toda clase de minas; el núm. 58, de 6 de octubre de 1936, sobre la edad mínima de admisión de los niños al trabajo marítimo. Instrumento de ratificación de 8 de abril de 1971; el núm. 60, de 3 de junio de 1937, sobre la edad de admisión de los niños a los trabajos no industriales.
Instrumento de ratificación de 8 de abril de 1971; el núm. 77, de 19 de septiembre de 1946 sobre examen médico de aptitud para el empleo de menores en la industria. Instrumento de ratificación de 8 de abril de 1971; el núm. 97, de 8 de junio de 1949, sobre los trabajadores migrantes. Instrumento de ratificación de 23 de febrero de 1967; el núm. 100, de 6 de junio de 1951, sobre Igualdad de remuneración entre la mano de obra masculina y la mano de obra femenina por un trabajo de igual valor. Instrumento de ratificación de 26 de octubre de 1967; el núm. núm. 138, de 6 de junio de 1973, sobre edad mínima de admisión al trabajo. Instrumento de ratificación de 13 de abril de 1977. O más recientemente el núm. 156, de 3 de junio de 1981, sobre igualdad de oportunidades y de trato entre trabajadores y trabajadoras: trabajadores con responsabilidades familiares, y el núm. 182 sobre la prohibición de las peores formas de trabajo infantil y de la acción inmediata para su eliminación, de 17 de junio de 1999. Lo que inexorablemente conduce al corolario de que España no ha sido ajena en su política social al tratamiento de situaciones tan sensibles y tan justas de ser atendidas.
Por otra parte importa destacar que el Tratado de Ámsterdam, firmado el 2 de octubre de 1997, incorporó al Tratado de Roma los derechos sociales fundamentales de la Carta Comunitaria de 1989 y de la Carta Social Europea hecha en 1961 y que fue ratificada por España en 1980 (CSE/61). Así pues, en el presupuesto de salida, España cumple ya con unos estándares importantes en relación con las materias analizadas.
Partiendo de nuestra Constitución de 1978 (CE), habrá que testar si, además de las fuentes internacionales citadas, nuestras normas de desarrollo constitucional, orgánicas y ordinarias y aún las reglamentarias satisfacen los contenidos contemplados en la Carta Social Europea revisada. En el bien entendido que España no ha ratificado la revisión de la CSE y por tanto no está obligada a su cumplimiento.
Los artículos que se analizan en este trabajo (7, 8, 16,17 y 19) de la Carta Social Europea tienen, un común denominador y es compartir un mismo elemento teleológico, pues tratan de establecer compromisos encaminados a dar protección a las personas e instituciones que por su especial condición están en una situación de mayor riesgo de exclusión social o pueden ser objeto de conductas deleznables basadas en la discriminación, el abuso o simplemente en el olvido. Son en definitiva más vulnerables. En este sentido, recordaba el Secretario del Comité Europeo de Derechos Sociales (CEDS) Thorbjørn Jagland, tras la denuncia de 277, Vulneraciones de la Carta Social Europea en 31 países del Consejo de Europa durante 2015. Vulneraciones relacionadas con la infancia, las familias y los migrantes, fundamentalmente: «En la situación política y económica difícil que estamos viviendo, se están socavando los derechos sociales. Los Estados tienen, sin embargo, la obligación de proteger a los más vulnerables, incluyendo a los ancianos, niños, personas con discapacidad y los migrantes. La Carta Social es a la vez una constitución social para Europa y un elemento clave de nuestro sistema de derechos humanos».
Conviene destacar de forma especial el 16, relativo a la protección de la familia tradicional, germen y semilla ineludible de la sociedad que, por diversidad de causas, tan abandonada se encuentra en la actualidad por los poderes públicos en la mayoría de países.
Habrá que tener en cuenta, en todo caso, que los análisis efectuados tienen presente, no solo el valor legal de los Convenios y Tratados Internacionales ratificados por España, en virtud de lo previsto en el art. 10.2 CE, sino también las aclaraciones contenidas en los anexos de la propia CSE revisada.
Parliamentary pressure by different political groups during the year 2017 in relation to the ratification of Spain of the 1995 revision of the European Social Charter has raised the question of whether indeed Spain, which has been a full member of the Council of Europe since 24th November 1977 and that in the last 40 years has ratified 136 agreements and signed another 11 pending of ratification, voluntarily delays that international commitment for socio-economic reasons or if the delay is simply due to the fact that the Spanish legislation already meets the social and labour standards established in that Charter and, therefore, there is no urgency in its ratification, especially because Spain already ratified the European Social Charter of 1961. The appropriate response could only be given by comparing what is established in the European Social Charter and what is regulated in the Spanish Law in this regard.
However, if we take the constituent documents of the Council of Europe into account, we can see that the following are considered its pillars: the defence of human rights, the pluralist democracy and the primacy of law, that is, the rule of law; so, it is clear that Spain complies with all these basic assumptions. Only a revision of our Constitutional Text of 1978 is enough to ratify this assertion. If we consider the so-called «labour block» of the Constitution, we could give some answers to the question initially raised, even a priori.
In this sense, there is no doubt that also the States that are part of the Council comply with the aforementioned general standards, and as the revision of the European Social Charter means a step forward in the framework in the recognition and extension of rights in general, as stated in the preamble of that revision, it is not unreasonable to think that States want to ensure, before committing themselves, that they can assume and fulfil them.
On the other hand, the initial reading of articles 7, 8, 16, 17 and 19 of the European Social Charter concerning the right of children and adolescents to protection in general but also to social, legal and financial protection in particular, the right of female workers to the protection of motherhood, the right of the family to social, legal and financial protection and the right of migrant workers and their families to protection and assistance, not only includes situations strictly related to the workplace, but also other situations of social, economic and even of political nature. For obvious reasons, we will mainly focus on the legal-labour aspects.
It is worth remembering that Spain has been a country sensitive to these matters and that if we take into account more than 130 ILO agreements that it has ratified since 1919 (out of approximately 185), we will see that a great deal of them refer to such questions.
So, just as an example, Spain signed Convention No. 6 on night work of children in industry and ratified it for the first time in 1932 by the Law of 8 April («Gaceta» No. 105, of 14 April). The same was done with agreements no. 45, of 4 June 1935, on the employment of women in the underground works of all kinds of mines; no. 58, of 6 October 1936, on the minimum age of admission of children to maritime work. Instrument of ratification of 8 April 1971; no. 60, of 3 June 1937, on the minimum age of admission of children to non-industrial work. Instrument of ratification of 8 April 1971; no. 77, of 19 September 1946 on medical examination of aptitude for the employment of minors in the industry.
Instrument of ratification of 8 April 1971; no. 97, of 8 June 1949, on migrant workers.
Instrument of ratification of 23 February 1967; no. 100, of 6 June 1951, on equal salaries between male and female labour force for an equal value job. Instrument of ratification of 26 October 1967; no. 138, of 6 June 1973, on the minimum age of admission to work.
Instrument of ratification of 13 April 1977. Or more recently, no. 156 of 3 June 1981, on equal opportunities and treatment of male and female workers: workers with family responsibilities, and no. 182 on the prohibition of the worst forms of child labour and immediate action for their elimination, of 17 June 1999. Thus, the previous statements inexorably lead to the corollary that Spain has been involved in its social policy on the treatment of such sensitive situations that also needed to be supported.
On the other hand, it is important to note that the Treaty of Amsterdam, signed on 2 October 1997 incorporated into the Treaty of Rome the fundamental social rights of the Community Charter of 1989 and the European Social Charter made in 1961 and which was ratified by Spain in 1980 (European Social Charter / 61). Thus, as a starting point, Spain already meets some important standards in relation to the analysed matters.
If our Constitution of 1978 is considered, it will be necessary to test whether, in addition to the international sources cited, our constitutional, organic and ordinary development norms and even the regulations meet the contents of the revised European Social Charter. It is understood that Spain has not ratified the revision of the European Social Charter and, therefore, it is not obliged to comply with it.
The articles of the European Social Charter analysed in this paper (7, 8, 16, 17 and 19) share in common the same teleological element, since they try to establish commitments aimed at protecting people and institutions that due to their special condition are in a situation of greater risk of social exclusion or may be subject to despicable behaviour based on discrimination, abuse or simply being forgotten. They are definitely more vulnerable. In this sense, the Secretary of the European Committee of Social Rights, Thorbjørn Jagland, reminded the condemnation of 277 violations of the European Social Charter in 31 countries of the Council of Europe during 2015. Infringements related to children, families and migrants, basically: «In the difficult political and economic situation we are experiencing, social rights are being undermined. States, however, have an obligation to protect the most vulnerable, including the elderly, children, people with disabilities and migrants. The Social Charter is both a social Constitution for Europe and a key element of our system of human rights».
It is particularly worth highlighting article 16 on the protection of the traditional family, germ and essential seed of society that, for several reasons, has been forgotten in modern society by public powers in most countries.
It must be considered, in any case, that the analyses carried out bear in mind, not only the legal value of International Agreements and Treaties ratified by Spain, pursuant to those foreseen in article 10.2 of the Spanish Constitution, but also the clarifications contained in the annexes of the revised European Social Charter itself.
