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Luisa Teixeira Alves
La ratificación tanto de la Carta Social Europea originaria (de 1961) como del Protocolo adicional de 1988 fue hecha, por España, aceptando todos los artículos sin ninguna reserva, aunque con declaración referente a la interpretación de los artículos 5 y 6 de conformidad con la Constitución Española. De entre los diecinueve derechos sociales proclamados en la Carta Social Europea (a que corresponden los artículos 1 a 19 de la Parte II), los derechos sobre los que versan los artículos 2 y 4 –tema de nuestro trabajo– tienen la relevante particularidad de constituir dos de los pilares en que se asienta el contenido básico de las relaciones de trabajo subordinado. En efecto, estos artículos se refieren a los dos elementos entre los que se establece el equilibrio contractual de los intereses confrontados en las relaciones de trabajo: por un lado, el tiempo de trabajo –que delimita tanto la subordinación jurídica y la consiguiente cantidad de trabajo a realizarse por el trabajador, como el tiempo de descanso y reposo–, y por otro lado, la retribución –que consustancia la contrapartida económica a cargo del empresario. Los dos componentes del objeto del contrato de trabajo –tiempo de trabajo, retribución– son tratados, en los referidos artículos de la Carta Social Europea, con un criterio normativo común, asentado en la idea de «justicia». La «justicia» o «equidad» que aquí están en cuestión no se refieren, sin embargo, al equilibrio «subjetivo» de las prestaciones, esto es, a la idea de «equivalencia» de los sacrificios y de las satisfacciones obtenidos por los contratantes, ni al equilibrio «objetivo» de las mismas prestaciones, traducido en el valor económico atribuible a cada una de ellas. El criterio de «justicia» adoptado en la Carta, con relación a los términos de intercambio por el contrato de trabajo, tiene un sentido unidireccional: se refiere, específicamente, al «tratamiento» que, en el contexto de las relaciones de trabajo, debe darse a aquél que presta el trabajo, le dedica parte importante de su existencia y encuentra en él la base de subsistencia personal y familiar, y que es la persona del trabajador. Y por ser ése el criterio fundamental, que establece una conexión fuerte entre los derechos de quien trabaja y los «derechos humanos» en general, no dejará de ser sorprendente el hecho que la propia Carta no reconozca a estos artículos la preeminencia que esas características reclamarían. En efecto, el artículo 20 no incluye los artículos 2 y 4 en el abanico de aquellos siete artículos de relieve primordial, entre los cuales resulta obligatoria la aceptación de, por lo menos, cinco.
La promoción, en la Carta, de condiciones de trabajo y de remuneraciones «equitativas» (por utilizar el término que adoptó en la versión española de la Carta) se dirige a las «partes contratantes», esto es, a los Estados miembros del Consejo de Europa que ratifiquen los citados artículos 2 y 4. Sus destinatarios de primera línea son, claramente, los legisladores nacionales: la Carta define aquí un verdadero programa legislativo, aunque en términos vagos que concede amplio espacio a la política legislativa propia de cada Estado. No obstante, como se sabe, la jurisprudencia del Comité Europeo de los Derechos Sociales (CEDS) ha venido apropiándose de una parte, aunque bastante discreta, de ese espacio, ofreciendo parámetros concretos para, a través de una densificación de los derechos consagrados en el texto de la Carta por los legisladores nacionales, alcanzarse una progresiva armonización del modo en que se entiende y se aplica en el espacio jurídico del Consejo de Europa. Desde el punto de vista formal, es evidente que esos criterios interpretativos –establecidos por el órgano de control del cumplimiento por los Estados de la Carta– no forman parte integrante de la Carta Social Europea, pero se explicitan, con carácter general, en el inicio de cada volumen correspondiente a las «Conclusiones» elaboradas por el Comité y, en el plano jurídico, se entienden como desarrollos declarativos del contenido de la Carta. Por otro lado, no se trata de criterios rígidos o inmutables;
la preocupación del ajuste a la diversidad de las situaciones nacionales y a la evolución de las circunstancias explica que –como veremos más adelante–, a veces, se manifieste alguna variación y hasta aparente inconsistencia en la aplicación de tales criterios.
En el presente trabajo, bajo las recién mencionadas premisas metodológicas y conceptuales, se han analizado, sucesivamente, los artículos 2 y 4, estructurando el tratamiento de cada uno de ellos en dos partes. La primera, con la intención de evidenciar el sentido regulador que resulta de los propios textos, y de la jurisprudencia del Comité Europeo de Derechos Sociales. La segunda, para abordar el modo en que se estableció la conexión entre el ordenamiento jurídico español y esos mismos contenidos reguladores o, en otras palabras, el punto en que se encuentra el cumplimiento de los compromisos asumidos por España a través de la ratificación de la Carta Social Europea de 1961, y de la aceptación, sin reservas, de los dos mencionados artículos. Dado que nuestro campo de observación se limita a los artículos 2 y 4, tomamos como base las Conclusiones más recientes del Comité Europeo de Derechos Sociales, publicadas en 2014 y referentes al período de 1 de enero de 2009 a 31 de diciembre de 2012, en la parte relativa a España.
El balance relativo a la situación de España, en relación con el cumplimiento de los compromisos contenidos en los artículos 2 y 4 de la Carta Social Europea de 1961, según la valoración hecha por el Comité Europeo de Derechos Sociales en el último ciclo de control cuyos resultados se conocen (2014), puede sintetizarse del modo siguiente:
– Conformidad con los apartados 2 (derecho a días festivos), 3 (derecho a vacaciones anuales retribuidas) y 5 (derecho al descanso semanal) del artículo 2, y con el apartado 3 del artículo 4 (derecho a salario igual por un trabajo de valor igual).
– No conformidad con el apartado 1 (derecho a una duración razonable de la jornada) del artículo 2, y con los apartados 1 (derecho a una remuneración suficiente para un nivel de vida decente), 2 (derecho a un incremento de la retribución por trabajo en horas extraordinarias) y 4 (derecho a plazo razonable de preaviso en caso de extinción del empleo) del artículo 4.
– Reserva dependiente de nuevas informaciones, en cuanto al apartado 4 del artículo 2 (reducción de la jornada de trabajo o aumento de los descansos para trabajadores sujetos a riesgos residuales), y al apartado 5 del artículo 4 (limitación de las deducciones en los salarios).
The ratification of both the original European Social Charter (of 1961) and the 1988 Additional Protocol was made by Spain, accepting all the articles without any reservation, although with a declaration regarding the interpretation of articles 5 and 6 in accordance with the Spanish Constitution. Among the nineteen social rights proclaimed in the primitive European Social Charter (to which articles 1 to 19 of Part II correspond), the rights referred to in articles 2 and 4 –the subject of our work– have the relevant peculiarity of constituting two of the pillars on which the basic content of subordinate work relationships is based. In fact, these articles refer to the two elements between which the contractual balance of the interests confronted in labour relations is established: on the one hand, working time –which delimits both legal subordination and the consequent amount of work to be carried out by the worker, as well as the time of rest– and on the other hand the wages –which constitute the economic counterpart in charge of the employer. The two components of the object of the employment contract –working time, wages– are treated, in the aforementioned articles of the European Social Charter, with a common normative criterion, based on the idea of «justice». The «justice» or «equity» that is at issue here does not refer, however, to the «subjective» balance of benefits, that is, to the idea of «equivalence» of the sacrifices and satisfactions obtained by the contracting parties, nor to the «objective» balance of the same benefits, translated into the economic value attributable to each one of them. The criterion of «justice» adopted in the Charter, with regard to the terms of exchange by the employment contract, has an unidirectional meaning: it refers, specifically, to the «treatment» that, in the context of labour relations, must be given to the one who performs the work, dedicates to it an important part of her existence, and finds in it the basis of personal and family subsistence, and that is the person of the worker. And since that is the fundamental criterion, which establishes a strong connection between the rights of those who work and «human rights» in general, it is surprising that the Charter itself does not recognize these articles with the preeminence that these characteristics should impose. Indeed, article 20 does not include articles 2 and 4 in the range of those seven articles of supreme importance, among which the acceptance of at least five is mandatory.
In the Charter, the promotion of «equitable» (to use the term adopted in the Spanish version of the Charter) conditions of work and wages is addressed to the «contracting parties», that is, to the member States of the Council of Europe that ratify the aforementioned articles 2 and 4. Its first-line recipients are, clearly, the national legislators: the Charter defines a true legislative program here, although in vague terms that grant ample space to the legislative policy of each State. However, the jurisprudence of the European Committee of Social Rights (ECSR) has been appropriating a part, although quite discreet, of this space, offering concrete parameters for achieving a progressive harmonization of the way it is understood and applied in the legal area of the Council of Europe, through a densification of the rights enshrined in the text of the Charter by national legislators.
From a formal point of view, it is obvious that these interpretive criteria –established by the body in charge of compliance control– do not form a part of the European Social Charter, but are made explicit, in general, at the beginning of each volume corresponding to the «Conclusions» prepared by the Committee and, in legal terms, are understood as declarative developments of the contents of the Charter. On the other hand, these are not rigid or immutable criteria; the concern for adjusting to the diversity of national situations and to the evolution of circumstances explains some variations and even apparent inconsistencies in the application of such criteria.
In the present work, under the aforementioned methodological and conceptual premises, articles 2 and 4 have been analysed sequentially, structuring the treatment of each of them in two parts. The first, with the purpose of showing the regulatory sense that flows from the texts themselves, and from the jurisprudence of the European Committee of Social Rights. The second, to address the way in which the connection between the Spanish legal system and those same regulatory contents was established or, in other words, the degree of compliance with the commitments assumed by Spain, through the ratification of the European Social Charter of 1961 and the acceptance, without reservations, of the two mentioned articles. As our field of observation is limited to articles 2 and 4, we take as a basis the most recent conclusions of the European Committee of Social Rights, published in 2014 and referring to the period from January 1, 2009 to December 31, 2012, in the part regarding the situation in Spain.
The balance of the situation in Spain, in relation to the fulfilment of the commitments contained in articles 2 and 4 of the European Social Charter of 1961, according to the assessment made by the European Committee of Social Rights in the last control cycle whose results are known (2014), can be summarized as follows:
– Conformity with sections 2 (right to holidays), 3 (right to paid annual holidays) and 5 (right to weekly rest) of article 2, and with paragraph 3 of article 4 (right to equal salary for a job of equal value).
– Non conformity with section 1 (right to a reasonable duration of the working day) of article 2, and with sections 1 (right to a sufficient remuneration for a decent standard of living), 2 (right to an increase in remuneration for work in overtime) and 4 (right to a reasonable period of notice in case of termination of employment) of article 4.
– Reservations, pending reception of additional information, related to section 4 of article 2 (reduction of working hours or increase of breaks for workers subject to residual risks), and paragraph 5 of article 4 (limitation of deductions in wages).
