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Daría Terrádez Salom
El presente trabajo tiene como objetivo principal llamar la atención sobre la necesidad de garantizar los derechos sociales como herramienta para construir unas bases más sólidas de nuestro Estado social y democrático de derecho. La crisis ha mermado considerablemente no solo la dignidad de las personas sino su capacidad para recuperarla, al haber socavado las bases del Estado de bienestar mediante medidas de austeridad impuestas para conseguir una dudosa recuperación económica. Esta crisis y estas medidas han tenido como consecuencia el aumento de la pobreza y la exclusión social, la expulsión de determinados colectivos vulnerables de los sistemas de protección social o de la asistencia sanitaria y ha creado un poso de miseria del que tardaremos en desprendernos.
Las políticas de austeridad se han plasmado en normas de distinto rango cuyo fin ha sido limitar el gasto público en cuestiones de índole social, como la educación, la sanidad, la vivienda o las prestaciones sociales; estos ámbitos poseen un vínculo directo con la dignidad de la persona y con su propio desarrollo como tal, ambos en la actualidad muy heridos. Los niveles de pobreza y exclusión social, pese a estar disminuyendo tímidamente, dejarán secuelas graves como la herencia de esas situaciones, los menores pobres de hoy en día, posiblemente, serán adultos pobres. Si esto ocurre nuestro Estado social y democrático de derecho, proclamado en el artículo 1 de la Constitución no será más que una frase vacía de contenido.
Frente a esta situación, han sido las Comunidades Autónomas las que han reaccionado.
Desde 2015, muchas de ellas han emprendido la senda contraria, intentando, mediante leyes y decretos, contrarrestar el avance de las medidas de austeridad; algunas ya habían tomado distintas medidas antes de ese año, pero las elecciones autonómicas de 2015 permitieron que entraran nuevos equipos de gobierno más preocupados por las cuestiones sociales y por mitigar las consecuencias de una crisis que ha atenazado a la mayor parte de la sociedad. Para nada este trabajo pretende ser una loa a una determinada opción política, sino un análisis de la actividad normativa autonómica en pos de la garantía de la dignidad de la persona y de la justicia social.
Dicho análisis se efectuará tomando como referencia la Carta Social Europea, tanto en su versión original como revisada, dado que este texto se ha impuesto como fundamental para la consecución del debido respeto de los derechos sociales, su garantía y justiciabilidad. Pese al desconocimiento que aún impera en nuestro país y a la continua negativa respecto de la ratificación de la versión revisada por España, la Carta Social Europea debería erigirse como referencia a la hora de regular sobre derechos sociales. Por ello se han elegido tres derechos sobre los que la actividad normativa autonómica ha sido especialmente profusa; el derecho a la asistencia sanitaria, por su conexión con el derecho a la vida, el derecho a una vivienda por ser básico para el desarrollo de la persona, y el derecho a una renta mínima, por ser una herramienta para la lucha contra la pobreza y la exclusión social. Este análisis servirá no solo para poner en valor el principio de autonomía y la aplicación del sistema competencial en las Comunidades Autónomas, sino para reclamar que el Estado español ratifique la Carta Social Europea revisada y, de paso, el protocolo de reclamaciones colectivas, si realmente quiere demostrar con acciones su preocupación por la situación social en España.
De igual forma, a lo largo del estudio de la normativa autonómica, se mencionará brevemente la actividad del Tribunal Constitucional contra dicha normativa. Últimamente son demasiado numerosas las invocaciones al artículo 33 §2 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, pues en esta última legislatura se ha multiplicado la celebración de Comisiones bilaterales de cooperación entre el Estado y las Comunidades Autónomas para evitar posibles recursos de inconstitucionalidad contra normativa social, entre otros asuntos. Pese a que el uso del procedimiento negociador es totalmente legítimo, pues se encuentra reconocido en distintas normativas, de las cuales sobresale el artículo 33 §2º de la Ley orgánica del Tribunal Constitucional, parece sustraerse de su prolífico uso la voluntad del ejecutivo central de frenar cualquier mejora social que las Comunidades Autónomas lleven a cabo. De acuerdo con lo analizado en el presente artículo, se ha convocado la Comisión bilateral de cooperación en relación con normativas que regulaban el derecho a la asistencia sanitaria de los extranjeros en situación irregular, el derecho a la vivienda o la pobreza energética. Dichos derechos son clave para el reconocimiento de la dignidad de la persona y, pese a ello, el ejecutivo central ha intentado imponer su punto de vista y su interpretación de la Constitución, coartando así el nuevo impulso al Estado social iniciado por los gobiernos autonómicos, tras las elecciones de 2015.
El presente estudio no solo tiene como objetivo reivindicar una justa defensa de los derechos sociales, así como de su reconocimiento y justiciabilidad, sino además demostrar que existe un claro alejamiento de las posturas del gobierno central y de las Comunidades Autónomas en temas tan sensibles como la garantía de la dignidad de la persona.
El mandato constitucional del artículo 10 §1º «la dignidad de la persona, los derechos inviolables que le son inherentes, el libre desarrollo de la personalidad, el respeto a la ley y a los derechos de los demás son fundamento del orden político y de la paz social» parece haber perdido sentido tras los arrolladores efectos de la crisis económica y financiera.
Si bien esta afirmación pudiera parecer algo tajante, la realidad se impone y la pobreza y la exclusión social siguen aumentando y golpea no solo a los adultos sino a los que en 2008 eran niños y hoy en día son jóvenes. Asimismo, este desinterés por la dignidad de la persona, y por dar cumplimento al precepto constitucional antes mencionado, se observa también en la absurda negación frente a la ratificación de la Carta Social Europea revisada y su protocolo sobre reclamaciones colectivas. Pese a no haber ningún obstáculo jurídico, los sucesivos gobiernos que se han formado, desde la firma de la versión revisada de la Carta en el año 2000, han dejado de lado la finalización de los trámites para su ratificación con argumentos peregrinos, expresión de la indolencia de los distintos gobernantes frente a la necesidad de construir un Estado social fuerte y sólido. La Carta Social Europea, al contrario, no supone una curación milagrosa de la malograda situación social que aún se vive en España, y cuyos efectos se dejarán notar en varias generaciones, pero sí que resulta evidente su importancia, no solo por su contenido, sino además por la jurisprudencia emanada del Comité Europeo de Derechos Sociales que, interpretando los derechos de la Carta, dando vida a los mismo, intenta atajar las situaciones precarias que se dan en la actualidad. Por lo tanto, un gobierno que apostara realmente por el Estado social y democrático de derecho, por su concreción y garantía, no debería ignorar dolosamente la importancia de la Carta Social Europea, de la constitución social europea por antonomasia.
The present work aims at drawing attention to the need to guarantee social rights as a tool to build a more solid foundations of our social and democratic State of law. The crisis has diminished considerably not only the dignity of the people but their ability to recover it, have undermined the foundations of the State of well-being through austerity measures imposed to get a dubious economic recovery. This crisis and these measures have resulted in increased poverty and social exclusion, the expulsion of certain vulnerable groups of systems of social protection or health care and created a sediment of misery from which it will take a long time to get out.
The austerity policies have resulted in rules of different rank whose purpose has been to limit public spending on issues of social nature, such as education, health, housing or social benefits; these areas have a direct link with the dignity of the person and their own development as such, both very injured at present. Levels of poverty and social exclusion, despite have been declining shyly, will leave serious effects such as the inheritance of these situations, poor children today, possibly will be poor adults. If this happens our social and democratic State of law, proclaimed in article 1 of the Constitution, will not be more than an empty phrase.
Faced with this situation, the autonomous communities have reacted. From 2015, many of them have undertaken the opposite path, trying through laws and decrees to counter the advance of austerity measures; some had already taken various steps before that year, but the autonomic elections of 2015 allowed to enter new Government teams more concerned by social issues and committed to mitigate the consequences of a crisis that has gripped to the greater part of society. All this work do not aim to be a praise to a given policy option, but an analysis of autonomic regulatory activity in pursuit of the guarantee of the dignity of the person and the social justice.
This analysis will take as a reference the European Social Charter, in its original version and also the revised one, given that this text is fundamental for the achievement of due respect for social rights, its warranty and justiciability. Despite the ignorance that still prevails in our country and the continuous refusal with regard to the ratification of the revised text by Spain, the European Social Charter should be a reference for the regulation of social rights. For this reason we have chosen three rights about which the autonomous legislative activity has been especially profuse; the right to health care, due to its connection with the right to life, the right to housing, as being basic to the development of the person, and the right to a minimum income, as a tool for combating poverty and social exclusion. This analysis will serve not only to put in value the principle of autonomy and the implementation of the competence system in the autonomous communities, but also to claim that the Spanish State should ratify the revised European Social Charter and, by the way, the Protocol providing for a system of collective complaints, if the Government really wants to show its concerns for the social situation in Spain.
Similarly, throughout the study of the autonomous legislation, we shall state briefly the activity of the Constitutional Court against these regulations. Lately, we are finding too many invocations to the article 33§2 of the law of the Constitutional Court, because in this last term the celebration of bilateral cooperation commissions between the State and the autonomous communities has increased, in order to avoid possible appeals of unconstitutionality against social legislation, among other issues. While the use of the negotiating procedure is completely legitimate, as it is recognized in various regulations, of which stands out the article 33 §2 of the law of the Constitutional Court, appears to deviate from its prolific use the will of the central executive to stop any social improvement that the autonomous communities are carrying out. According to what is going to be analyzed in this article, it has been called the bilateral Commission for cooperation in relation to regulations governing the right to health care of foreigners in irregular situation, the right to housing or the energy poverty. These rights are key to the recognition of the dignity of the person and, despite this, the central Executive has tried to impose his point of view and his interpretation of the Constitution, thus thwarting the new impulse to the welfare state begun by autonomous Governments, following elections in 2015.
This study not only aims to claim a fair defense of social rights, as well as its appreciation and justiciability, but also to demonstrate that there is a clear shift away from the positions of the central Government and autonomous communities on issues as sensitive as the guarantee of the dignity of the person. The constitutional mandate of article 10 § 1 ° «the dignity of the person, the inviolable rights that are inherent to it, the free development of the personality, respect for the law and the rights of others are the foundation of political order and social peace» seems to be lost consciousness after the sweeping effects of the financial and economic crisis. While this statement may seem blunt, reality rules and poverty and social exclusion continue to rise and hit not only to adults, but also those in 2008 were children and today are young. In addition, this disregard for the dignity of the person, and comply with the above mentioned constitutional precept is also observed in absurd denial against the ratification of the revised European Social Charter and its Protocol on collective complaints. Despite not having any legal obstacles, the successive Governments that have been formed, since the signing of the revised version of the Charter in the year 2000, they have cast aside the completion of formalities for its ratification with pilgrims arguments, expression of the indolence of the different governs against the need to build a social State strong and solid. The European Social Charter, on the opposite, is not a miraculous cure of ill-fated social situation that still exists in Spain, and whose effects will be felt in several generations, but it is clear indeed its importance, not only for its content, but also by the jurisprudence emanated from the European Committee of social rights which, interpreting Charter rights, giving life to them, attempts to tackle the precarious situations that occur today. Therefore, a Government that really bet by the social and democratic State of law, for its realization and guarantee, should not intentionally ignore the importance of the European Social Charter, the European social Constitution par excellence.
