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Petros Stangos
El objeto del presente estudio se centra en la manera en la que el Consejo de Europa, organización europea dedicada a la protección de los derechos humanos y de los derechos sociales en particular, ha perseguido ejercer una influencia sustancial en el modo en que la Unión Europea ha concebido y pretende revalorizar el lugar de los derechos sociales en su edificio institucional (más concretamente, en la parte integrante de este edificio que es la Eurozona). A tal efecto, la Unión Europea generó, en noviembre de 2017, el Pilar Europeo de Derechos Sociales. El propósito del Consejo de Europa apuntaba, de hecho, a normalizar y, más aún, a racionalizar las relaciones entre, de un lado, la Carta Social Europea y, de otro lado, el Derecho de la Unión.
Pues bien, sobre la base de la proposición del Consejo de Europa sobre el tenor del Pilar, la presente contribución esboza la vía más propicia en vista a la consolidación de la protección de los derechos sociales en Europa, una vía que se vincula con el acercamiento anhelado del Tribunal de Justicia de la Unión Europea y de su jurisprudencia a la Carta Social Europea, tal como es interpretada y aplicada por el Comité Europeo de Derechos Sociales.
En este sentido, en una primera parte el autor acomete la génesis del Pilar Europeo de Derechos Sociales en el contexto de la evolución histórica de las relaciones entre la Unión Europea y la Carta Social Europea. En segundo lugar, el autor toma como punto de referencia reciente la proposición del Consejo de Europa para la incorporación de la Carta Social Europea al Pilar Europeo de Derechos Sociales. A continuación, el artículo pone el énfasis en la realidad de las obligaciones contradictorias que pesan sobre los Estados en virtud del Derecho de la Unión Europea y de la Carta Social Europea, con objeto de analizar el modo en que puede procederse a una normalización en la relación entre ambos órdenes jurídicos. La parte final examina el papel central y anhelado del Tribunal de Justicia de la Unión Europea en la protección de los derechos sociales, expresándose el designio de que tome en consideración la Carta Social Europea.
En todo caso, el autor somete a escrutinio el escollo de la no participación de todos los Estados miembros de la Unión Europea en el sistema de la Carta Social Europea, ya que no todos ellos han suscrito su versión revisada de 1996 o el procedimiento de reclamaciones colectivas. Ahora bien, el autor concluye que el mayor compromiso deseado del Tribunal de Justicia de Luxemburgo para ponerse en «comunicación» con la Carta Social Europea no depende tanto del incremento cuantitativo –y cualitativo– de la participación de los Estados miembros de la Unión en el sistema de la Carta Social. En efecto, el compromiso en cuestión no depende tanto de las elecciones «soberanas» del Tribunal, sino sobre todo de su «sabiduría».
En este contexto, es cierto que el nivel de compromiso de los Estados Miembros de la UE con el sistema de la Carta Social es diverso, habiéndose generado unas inaceptables asimetrías en el ámbito de los derechos sociales. Sin embargo, el problema no deriva tanto de que todos los Estados miembros de la UE se conviertan o no en Partes Contratantes de la Carta Social revisada y del Protocolo sobre las reclamaciones colectivas, ni tampoco de que la UE intervenga o no en semejante proceso de adhesión recomendando a sus Estados miembros que así lo hagan. En efecto, la cuestión radica más bien en que el Tribunal de Justicia puede y debe ponerse en «comunicación», a través de su jurisprudencia, con la Carta Social Europea, en la medida en que ésta constituye el instrumento jurídico que encarna en Europa el predominio de la lógica de los derechos humanos a la hora de garantizar efectivamente la protección de los derechos sociales. Obviamente, en esa operación de comunicación, el propio Comité Europeo de Derechos Sociales deberá ser coherente con esa misma lógica en su obra jurisprudencial para que se mantenga la «integridad» de la Carta Social Europea.
En definitiva, el acercamiento de la Unión Europea a la Carta Social Europea, operado a través de las sinergias entre las decisiones del Tribunal de Justicia y del Comité Europeo de Derechos Sociales, contribuirá a asentar el juego democrático de la propia construcción europea. Semejante idea se expresa claramente en el Dictamen del Consejo de Europa de 2 de diciembre de 2016 sobre el Pilar Europeo de Derechos Sociales, cuando en él se subraya que un sistema democrático sólo puede definirse como tal cuando produce un modelo de sociedad capaz, a través de un afección juiciosa y equilibrada de los recursos disponibles, de asumir las necesidades esenciales de las personas respetando su dignidad.
En el mismo Dictamen se enfatiza que la cuestión social y la cuestión democrática están estrechamente vinculadas, puesto que la construcción de Europa, con independencia de las políticas económicas que se apliquen, debe siempre preocuparse por la realización de los derechos fundamentales que conciernen a las necesidades cotidianas de la ciudadanía. Con ello, además, se evitará la emergencia de movimientos antisociales, antipolíticos, antieuropeos, racistas o simplemente basados en la explotación política del egoísmo social. De lo contrario, se podrán tambalear los tres pilares esenciales que defiende y promueve el Consejo de Europa, a saber, la Democracia, el Estado de Derecho y los Derechos Humanos.
El autor, en suma, suscribe ese enfoque, añadiendo que vivir en un sistema democrático en Europa, y en el nivel de los Estados nacionales, no consiste solamente en poder seleccionar tal o cual ideología, o tal o cual partido político para ser gobernados, sino sobre todo en elegir, tanto los modos de regulación social y de reparto de los recursos para constituirnos como sociedad, como las normas vinculantes que nos parecen aceptables para conformar nuestras conductas. Y, en la construcción europea de ese sistema democrático, la Carta Social Europea constituye un pilar esencial. Desde este punto de vista, los valores fundamentales del Consejo de Europa son presentados en el trabajo en su justa dimensión social (democracia social, Estado social y derechos sociales).
The purpose of this study is to focus on the way the Council of Europe, a European organization dedicated to the protection of human rights and, in particular, to social rights, has sought to exert a substantial influence on the way the European Union conceives and intends to revalue the place of social rights in its institutional structure (more specifically, in the Eurozone as one of its integral parts). To this end, the European Union adopted, in November 2017, the European Pillar of Social Rights. The purpose of the Council of Europe aimed, precisely, to normalize and, a fortiori, to rationalize the relations between, on the one hand, the European Social Charter and, Union Law, on the other.
With this approach, on the basis of the proposal of the Council of Europe on the impact of the Pillar, this contribution outlines the most conducive path, in view of the consolidation of social rights protection in Europe, associated to the desired rapprochement by the Court of Justice of the European Union and its case-law to the European Social Charter, as interpreted and applied by the European Committee of Social Rights.
In this regard, the author tackles, in the first part of this paper, the genesis of the European Pillar of Social Rights in the context of the historical evolution and relation between the European Union and European Social Charter. Secondly, the author takes the proposal of the Council of Europe for the incorporation of the European Social Charter into the European Pillar of Social Rights as his point of departure. Next, the paper puts the emphasis on the reality of the contradictory obligations that affect the States under European Union Law and the European Social Charter, in order to analyse the way in which normalization in the relationship between both legal orders can be carried out. The final part examines the central and desired role of the Court of Justice of the European Union in the protection of social rights, by highlighting that the need for the Court of Luxembourg to take on the European Social Charter into consideration.
In any case, the author scrutinizes the obstacles that non-participation of all European Union Member States in the system of the European Social Charter creates, since not all have accepted its 1996 revised version or the collective complaint procedure. However, the author concludes that the most desired commitment of the Court of Justice of Luxembourg to «communicate» with the European Social Charter does not primarily depend on the quantitative – and qualitative – increase of the participation of EU Member States in the Social Charter system. Indeed, the author maintains that the commitment in question appears to be less dependent on the «sovereign» choices by the Court of Justice, and more to its «wisdom».
In this context, it is true that the level of commitment of the EU Member States to the system of the Social Charter is diverse, which has resulted in unacceptable asymmetries in the field of social rights. However, the problem does not derive so much from the fact that all EU Member States become Contracting Parties to the revised Social Charter and the Protocol on collective complaints, nor on whether the EU intervenes and participates or not in such an accession process by recommending its Member States to do so. Indeed, the question is rather whether the Court of Justice can and should «communicate» through its case-law, with the European Social Charter, insofar as it constitutes the legal instrument that embodies the predominance of the human rights logic in the EU when effectively guaranteeing the protection of social rights. Obviously, through this communication, the European Committee of Social Rights should be consistent with that same logic in its jurisprudential work so that the «integrity» of the European Social Charter is preserved.
Finally, the approach of the European Union to the European Social Charter, operated through the synergies between the decisions of both the Court of Justice and the European Committee of Social Rights, will contribute to set the basis of democratic game of the European construction itself. Such an idea is clearly expressed in the Council of Europe Opinion of 2 December 2016 on the European Pillar of Social Rights, by emphasizing that a democratic order cannot claim to be such unless it generates a model of society capable, through wise and balanced distribution of the available resources, of addressing people’s basic needs with due regard for their dignity and with a view to more inclusive growth.
The same opinion underlines that the social question and the democratic question are in fact closely connected. The construction of Europe, regardless of the economic policies implemented, must be especially concerned with the realisation of fundamental rights that meet citizens’ everyday needs. Disregarding them means creating fertile ground for anti-social, anti-political, anti-European and racist movements, or movements based simply on the political exploitation of social egoism. Otherwise, the three essential pillars defended and promoted by the Council of Europe, namely democracy, the rule of law and human rights, may start to crack.
The author, in short, subscribes to this approach, adding that living in a democratic system in Europe is not only being able to choose any one ideology or political party, but above all choosing both, the modes of social regulation and the distribution of resources to constitute ourselves as a society as well as those binding norms that we accept as regulating our relations. And certainly, in the European construction of such a democratic system, the European Social Charter is an essential pillar. From this point of view, the fundamental values of the Council of Europe are presented in this paper in their proper social dimension (social democracy, social welfare State and social rights).
