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María del Carmen Salcedo Beltrán
Un gran número de países europeos se declaran en sus Constituciones como Estados sociales y democráticos de derecho o han insertado menciones que sitúan lo «social» en eje fundamental de su existencia y funcionamiento. En la actualidad, se puede afirmar, con carácter general, que se quedan en un plano teórico, no reflejándose en el práctico, como llevan constatándolo la mayoría de las organizaciones internacionales.
En ese sentido, destaca el Consejo de Europa, en concreto y subrayo la referencia, el Comité Europeo de Derechos Sociales, encargado de la verificación del cumplimiento y respeto de la Carta Social Europea, la Constitución Social de Europa, el Tratado más importante e insisto «eficaz» existente en la actualidad para la defensa de los derechos sociales. Lamentablemente, esta identificación no es compartida, mostrando con cuatro ejemplos que el escenario internacional, lejos de estar coordinado y enriquecerse mutuamente, presenta incoherencias y tensiones, originadas en la resistencia a admitir esa realidad.
En particular, la UE y sus directrices o resoluciones a través de sus instituciones, son el primer supuesto que se analiza, respecto a la caracterización de los períodos de guardia localizada y las medidas de austeridad. La elección de estos dos temas se justifica, por un lado, en el interés que recientemente ha suscitado el primero, tras un pronunciamiento del TJUE, que no supone un giro jurisprudencial en la interpretación hasta ese momento mantenida. Y, por otro lado, si bien el segundo es más conocido por las decisiones de fondo que adoptó el CEDS en el año 2012, no lo es la última publicada a mediados de 2017, que presenta unas peculiaridades a valorar, entre otras, la participación en el procedimiento de la Comisión Europea para respaldar al país y la alegación, con la finalidad de evitar la condena, de justificar la restricción o supresión de derechos sociales en la preservación del orden público en una sociedad democrática.
La divergente resolución de los conflictos similares aludidos, en los que el CEDS, de nuevo, ha fijado un estándar de protección más elevado, conlleva la existencia de «dos Europas», con una convivencia complicada. Si esto es censurable, el problema se agudiza por la presencia de semejantes discrepancias en el seno del Consejo de Europa, entre el TEDH y el CEDS, explicada también con dos casos, el derecho de huelga del personal de la policía y, de nuevo, las reformas para hacer frente a la crisis. Esta situación interna es aprovechada y astutamente utilizada por las instituciones comunitarias y los Estados condenados, en los supuestos en que presentan puntos en común con el primero de ellos, para deslegitimar aún más la CSE y, por ende, a su órgano.
Con ello, el panorama internacional que se contempla, a mi modo de ver, es el de «tres Europas». La ausencia de uniformidad entre los tres organismos dificulta la construcción de una Europa social armonizada con estándares de protección equivalentes. En principio, es un objetivo a alcanzar, desprovisto de interés si se atiende a los asuntos referenciados.
Mientras esto continúe, la solución que se propone es la de aceptar la existencia de diferentes niveles de protección compatibles, complementarios y de inexcusable cumplimiento por todos los sujetos implicados. La oposición y rechazo a esto por parte de los responsables gubernamentales se debe superar en el ámbito judicial, resaltando la trascendental y ejemplarizante doctrina de la primera y segunda instancia judicial, fundamentada en la articulación jerárquica de las fuentes, el principio de favor libertatis y el control de convencionalidad.
Los progresos en este sentido son más que notables, no sólo en nuestro país, sino también en el resto, demostrando que, no sólo es factible, sino que, además, es la obligada y correcta ordenación de las normas, examinando los supuestos de España y Grecia.
En cuanto a la primera, se relata el estado de la cuestión desde que en el año 2013 se emitió la primera sentencia del orden jurisdiccional social que resolvió una demanda favorable con fundamento en un precepto del Tratado (art. 4.4 de la CSE) y la jurisprudencia emitida en torno a la delimitación de su contenido por el CEDS, específicamente por lo que se refiere a la duración de un año del período de prueba del contrato de apoyo a emprendedores. Lejos de estar ante un pronunciamiento aislado, le siguieron otras sentencias a lo largo de los años 2014 y 2015, no sólo en asuntos que abordaron el mismo conflicto sino también en otros, en concreto, la desvinculación de la revalorización pensiones atendiendo al índice de precios al consumo (art. 12.3 de la CSE) y la caracterización de las guardias localizadas como tiempo de trabajo (art. 2.1 de la CSE). En este sentido, de forma particularizada, se analiza la emitida en relación con el último tema (SJS nº 3 de Barcelona de 27 de octubre de 2015) como modelo de impecable y adecuado entendimiento de la materia, que, a pesar de su relevancia, ha tenido escasa repercusión.
Aunque algunos de los pronunciamientos de primera instancia han sido revocados por la siguiente, más remisa al reconocimiento del efecto «self-executing» de los Tratados y, mucho más, de la CSE, durante el año 2016 y principios del 2017 algunos Tribunales Superiores de Justicia han continuado la interpretación, fallando de forma categórica en cuanto a su vinculación, efecto directo, así como la consideración como «jurisprudencia» de los pronunciamientos del CEDS.
El artículo finaliza con el examen de la primera sentencia que en Grecia ha seguido la línea apuntada de nuestro país, la nº 3220/2017 del Tribunal de Primera Instancia de El Pireo, trascendental, histórica y sin precedentes al concluir de forma contundente que, tras la ratificación de la versión revisada, el despido sin causa es incompatible con el art. 24 de la CSE y, que, a partir de ese momento, los tribunales deberán, en cada supuesto que se les someta, verificar la existencia de un motivo y, en su ausencia, considerarlo como nulo y sin efectos por vulnerar la norma jerárquicamente superior.
A large number of European countries declare themselves in their Constitutions as social and democratic states of law or have inserted mentions that place the «social» as the fundamental axis of their existence and functioning. At present, generally speaking, they remain on a theoretical level, not reflected in the practical one, as most international organizations have noted.
In this regard, the Council of Europe particularly stands out and I stress the reference, the European Committee of Social Rights (ECSR), in charge of verifying compliance with and respect for the European Social Charter, the Social Constitution of Europe, the most important and, I insist, «effective» Treaty in force at present for the defence of social rights. Unfortunately, this identification is not shared, showing with four examples that the international scenario, far from being coordinated and mutually enriching, presents inconsistencies and tensions, originated in the resistance to admit that reality.
In particular, the EU and its guidelines or resolutions through its institutions are the first point being analysed, with respect to the characterization of periods of localized guard and austerity measures. The choice of these two issues is due, on the one hand, to the interest that the first has recently aroused, following a pronouncement by the CJEU which does not imply a jurisprudential turn in the interpretation maintained up to that moment. And, on the other hand, although the second one is better known for the fundamental decisions adopted by the ECSR in 2012, it is not the last one published in mid-2017, which presents some peculiarities to be valued; among them, the participation in the procedure of the European Commission to support the country and the allegation, in order to avoid conviction, to justify the restriction or suppression of social rights in the preservation of public order in a democratic society.
The divergent resolution of the aforementioned similar conflicts, in which the ECSR, once again, has set a higher standard of protection, entails the existence of «two Europes», with a complicated coexistence. If this is reprehensible, the problem is worsened by the presence of similar discrepancies within the Council of Europe, between the ECHR and the ECSR, also explained with two cases, the right to strike of police personnel and, again, the reforms to face the crisis. This internal situation is exploited and cleverly used by the community institutions and the condemned States in the cases in which they present points in common with the first of them to further undermine the European Social Charter and, therefore, its organ.
And with that, from my point of view, the international panorama is that of «three Europes». The lack of uniformity between the three organizations makes it difficult to build a harmonized social Europe with equivalent protection standards. In principle, it is an objective to achieve, devoid of interest if the referenced issues are addressed.
While this situation continues, the proposed solution is to accept the existence of different compatible levels of protection, complementary and inexcusable compliance by all the subjects involved. The opposition and rejection of it by part of government officials must be overcome in the judicial field, highlighting the transcendental and exemplary doctrine of the first and second judicial instance, based on the hierarchical articulation of the sources, the principle of favor libertatis and the conventionality control.
Progress in this regard is more than remarkable, not only in our country, but also in the rest, demonstrating that, not only is it feasible, but that, in addition, it is the obligatory and correct organization of the norms if the assumptions of Spain and Greece are examined.
With regard to the first, the state of affairs is reported since the first ruling of the social jurisdictional order was issued in 2013, which resolved a favourable claim based on a precept of the Treaty (art. 4.4 of the European Social Charter and the jurisprudence issued regarding the delimitation of its content by the ECSR, specifically regarding the one-year trial period of the support contract for entrepreneurs. Far from being an isolated pronouncement, other judgements followed throughout 2014 and 2015, not only in matters that addressed the same conflict but also in others, specifically, the decoupling of pension revaluation based on the consumer price index (art. 12.3 of the European Social Charter) and the characterization of the localized guards as working time (art. 2.1 of the European Social Charter). In this sense, the one issued in relation to the last topic (Judgement of the Social Court No. 3 of Barcelona of October 27, 2015) is particularly analysed as a model of impeccable and adequate understanding of the subject, which, despite its relevance, has had little impact.
Although some of the first instance pronouncements have been revoked by the following one, more remiss to the recognition of the effect «self-executing» of the Treaties and, much more, of the European Social Charter, during the year 2016 and early 2017 some Superior Courts of Justice have continued the interpretation, failing categorically in terms of their linkage, direct effect, as well as considering the pronouncements of the ECSR as «jurisprudence».
The article ends with the examination of the first sentence in Greece that has followed the pointed line of our country, No. 3220/2017 of the Court of First Instance of Piraeus, transcendental, historical and unprecedented to conclude forcefully that, after the ratification of the revised version, dismissal without cause is incompatible with art. 24 of the European Social Charter and that, from that moment on, the courts must, in each case submitted to them, verify the existence of a motive and, in its absence, consider it as null and void for violating the hierarchically superior norm.
