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La política de extranjería contempla la expulsión de los extranjeros como una medida para racionalizar el flujo de residentes que incurran en causa de ilegalidad. No obstante deben matizarse las situaciones individuales, particularmente en lo que se refiere a los residentes de larga duración. En el caso de que la ilegalidad provenga de la comisión de un delito, surgen problemas interpretativos acerca de si la expulsión es en sí misma una pena o bien la consecuencia administrativa de una sanción penal. La sentencia de la Sala Tercera del Tribunal Supremo de 31 de mayo de 2018, ha venido a clarificar esta cuestión aunque la misma cuenta con varios votos particulares, lo que pone de manifiesto la subjetividad de esta cuestión.
