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En el ordenamiento jurídico español se prevé la posibilidad de que la Administración indemnice al ciudadano que ha sufrido daños como consecuencia de una actuación anormal de la propia administración. En el presente trabajo se aborda una reciente resolución del Tribunal Supremo sobre la posibilidad de que un Dictamen del Comité de la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW) sea un presupuesto habilitante para formular una reclamación de responsabilidad patrimonial del Estado. El caso en cuestión trae causa del asesinato de una menor a manos de su padre durante el cumplimiento del régimen de visitas fijado por un órgano judicial, a pesar de existir innumerables informes que desaconsejaban dicho régimen de visitas.
