La protección de datos de carácter personal en el ámbito del Poder Judicial no se cumple. Y lo más inquietante de este incumplimiento no es la falta de aplicación de su normativa reguladora, con el Reglamento (UE) 2016/679 a la cabeza, sino su razón última: el propio modelo del sistema judicial español. A esa inquietud dedicamos este trabajo.