El artículo versa sobre el vigente régimen jurídico del deber de colaboración con las instituciones de control externo (Tribunal de Cuentas u Órganos que tiene atribuida esta competencia en determinadas Comunidades Autónomas), analiza las herramientas legales para hacer efectivo su cumplimiento por los obligados, incluida la vía penal y obtiene algunas conclusiones dirigidas a su mejora