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Este trabajo analiza los límites de la potestad sancionadora de la Administración derivados de la obligación constitucional de proteger penalmente determinados derechos o bienes jurídicos.
Al mismo tiempo estudia los limites derivados de la obligación de regulación, por exceso o por defecto, así como la ínconstitucionalídad de infracciones administrativa disuasorias para el ejercicio de derecho fundamentales, así en el caso de la Ley de Seguridad Ciudadana.
The aim of this work is to analyse the limits of the power of public authorities to impose administrative sanctíons in order to protect some rights that the Constitution set they must be protected under criminal law. Moreover, this paper focuses on the limits to adopt rules on the issue and the possible unconstitutionality of some adminístrative sanctions that dissuade the exercise of some fundamental rights (e.g. the Law on public safety).
