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Rogelio Barba Álvarez
La expansión del derecho penal —que ya en su momento había señalado el jurista Jesús María Silva Sánchez (2001, p. 26 y ss.)— es una inevitable premonición ante la posibilidad de la aparición de nuevos bienes jurídicos donde se legitima su protección a través del instrumento penal, al considerar las nuevas realidades que preocupan a la sociedad mexicana. Así pues, las conductas derivadas del robo de identidad o usurpación de datos de identidad son de las que tienen más rápido crecimiento a nivel mundial y que han afectado everamente a México en los últimos años, debido principalmente al fenómeno de la globalización y al uso generalizado de los medios informáticos y telemáticos, lo que ha elevado los índices criminales del robo a personas y a la iniciativa privada (aperturas de cuentas bancarias fraudulentas perjudicando a empresas de comercios e industrias automotriz e inmobiliaria). Es la principal queja de los consumidores mexicanos recibida por la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de los Servicios Financieros (Condusef), con cerca 60 000 afectados en el 2016. Las medidas jurídico-preventivas vertidas por el Legislador mexicano serán objeto del presente análisis.
The expansion of criminal law, which had already been pointed out by the jurist Jesús María Silva Sánchez (2001, pp. 26 et seq.), Is an inevitable premonition in the face of the possibility of new legal rights where their protection is legitimated, through the penal instrument, considering the new realities that Mexican Society has to face. Thus, behavior derived from identity theft or usurpation of identity data are among the fastest growing worldwide problems that have severely affected Mexico in recent years, mainly due to the phenomenon of globalization and the widespread use of the computer and digital means, which have increased the criminal indicators of theft to people and to the private initiative such as; (forge bank accounts damaging commerce and automotive and real estate industries). It is most common complaints by Mexican consumers that the National Commission for the Protection and Defense of Users of Financial Services (Condusef) gets, with about 60 000 people affected in 2016. The legal-preventive measures discharged by the Mexican Legislator will be subject of the present analysis.
