Mientras España afronta ya hasta 90 millones de multa por demorar la reforma hipotecaria que debía haber aprobado y por la que debía trasponer la normativa de la UE que debe equiparar la protección del consumidor bancario español a la del resto de vecinos comunitarios, siguen recayendo resoluciones del TJUE aclarando a nuestros Tribunales las interpretaciones más obvias.