Se puede establecer una línea de pensamiento que a lo largo de los siglos ha tratado de configurar la respuesta social al delito al margen de la moral y conforme a criterios humanitarios. La evolución ha permitido una respuesta a los delitos al margen de la moral social imperante en un momento determinado y de la de propia moral de quien delinque. De manera que el castigo penal se ha configurado como la consecuencia pública, racional y finalista a la desobediencia probada a una norma de carácter penal, siendo la finalidad del castigo única y exclusivamente el que, bien el condenado, bien la sociedad en su conjunto, no cometan más delitos.