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El objetivo de este artículo es demostrar que la modernización de la institucionalidad ambiental en Chile (la Nueva Institucionalidad Ambiental introducida en 2009/2010) termina consolidando las redes informales que han conectado tradicionalmente a sus principales actores: inversore, Estado y expertos. En consecuencia, se trata de una política pública que a pesar de introducir estándares de gobernanza signados por la accountability, transparencia y participación ciudadana no contribuye a la formación de ciudadanía y agenda pública en torno a modelos de desarrollo y de uso de recursos naturales, sino que se limita a evaluar/paliar/legitimar agendas preconstituidas, como lo son generalmente los proyectos de inversión productiva, extractiva o de infraestructura. Esto se debe, a nuestro juicio, a que la tendencia a la oligarquización propia del sistema político chileno y de la dominación de sus élites en general, así como la perduración de un modelo de acumulación basado en el extractivismo de recursos naturales sirven como cerrojo estructural a cualquier modificación de fondo de la política ambiental en una dirección más democrática.
The aim of this article is to show that the modernization of Chile’s environmental institutions (called Nueva Institucionalidad Ambiental, introduced in 2009/2010) consolidates the informal networks that have traditionally linked its main actors (investors, State and experts). Consequently, it is a public policy that despite the incorporation of governance standards marked by accountability, transparency and public participation does not contribute to the formation of citizenship and public agenda around models of development and use of natural resources, but limited to assess/ mitigate/legitimize pre-established agendas, introduced by productive, extractive or infrastructure investment projects. In our view, this is due to the tendency to oligarchization of the Chilean political system and of the domination of elites in general and the persistence of an accumulation model based on the extraction of natural resources. Both serve as a structural lock that bolts any substantive change of environmental policy in a more democratic direction.
