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Si el impacto de la STJUE Gran Sala, de 21 de diciembre de 2016 (asuntos TELE2 SVERIGE AB y otros; C-203/15 y C-698/15) puso seriamente en cuestión, frente a una reticente jurisprudencia de la Sala 2.ª del Tribunal Supremo, la conformidad con el Derecho de la Unión Europea de la ley española de conservación de datos; el planteamiento por la Sección 3.ª de la Audiencia Provincial de Tarragona de una controvertida cuestión prejudicial que afecta tanto a ésta como a la definición del concepto de delito grave en la regulación de las medidas de investigación tecnológica, plantea serios retos que podrían repercutir de forma profunda en los propios cimientos de la nueva regulación surgida de la publicación de la Ley Orgánica 13/2015.
