La Comisión ha decidido el 19 de julio de 2018 demandar a España ante el Tribunal de Justicia de la UE por no haber incorporado plenamente la Directiva 2013/36/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de junio de 2013 relativa al acceso a la actividad de las entidades de crédito y a la supervisión prudencial de las entidades de crédito y las empresas de inversión