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Francia, junto con los países nórdicos, es líder en la Unión Europea en cuanto a los recursos de los servicios para el cuidado de los hijos y las prestaciones para reducir el costo familiar del mismo. Estos avances han ido de la mano de la progresiva puesta en marcha de las políticas relacionadas con los permisos parentales. En este terreno, sin embargo, Francia va a la cola si lo comparamos con los países nórdicos y Alemania.
En primer lugar, analizamos las reformas en las políticas de permisos parentales desde la creación de la prestación para el cuidado de los hijos en 1985 (CLCA, según sus siglas en francés). Inicialmente, al primero (pagado por la Seguridad Social) solo tenían derecho aquellos padres que tuviesen al menos tres hijos y que el menor tuviese menos de 3 años de edad;
posteriormente, se amplió a padres con dos hijos, así como a trabajadores a tiempo parcial en 1994 y, finalmente, a padres con un solo hijo en 2004. Los principales cambios se produjeron en 2014; en el caso en el que los padres tuviesen al menos dos hijos, la duración de la prestación se redujo a 24 meses (en comparación con los 3 años previstos anteriormente), la cual se podía prolongar seis meses más si el otro cónyuge lo solicitaba (dentro del límite del tercer aniversario del hijo menor). Si los padres tenían un solo hijo, la duración era de seis meses para cada uno de los padres dentro del primer año de edad del hijo. Al mismo tiempo, el importe de la prestación de cuantía fija se redujo para los hogares con mayores ingresos.
El objetivo oficial de la decisión de acortar la duración del permiso parental en el caso de las parejas con dos o más hijos era limitar las desventajas de la maternidad y los efectos negativos sobre el empleo femenino. Sin embargo, ante el panorama del gran déficit público, otro objetivo fue contener el gasto público. Para lograrlo, se restringieron las condiciones de elegibilidad (especialmente para las parejas con un solo hijo) que excluían a aquellas madres con un trabajo precario e inestable antes del parto. La reducción del importe de la prestación CLCA, que afecta a un porcentaje significativo de los beneficiarios, también produjo una reducción del gasto público.
Otro de los objetivos explícitos fue crear un incentivo para que los padres solicitaran el permiso parental durante al menos seis meses con objeto de promover la igualdad de género. Sin embargo, para hacer que esta medida sea más eficaz, el importe de la prestación sigue siendo muy bajo: su porcentaje entre los beneficiarios es moderado (4,4 por ciento).
Este hecho ilustra que se trata de un «asunto monetario» y pone de relieve el papel crucial desempeñado por el nivel de retribución en el proceso de toma de decisiones por parte de los padres con respecto al permiso parental. Dentro de este terreno, por tanto, Francia podría aprender de Alemania donde se introdujo un cambio ejemplar en 2006: la prestación por permiso parental está ahora mejor pagada y fue solicitada por el 34 por ciento de los padres (en comparación con el 3,5 por ciento en 2006, antes de la nueva legislación) para los nuevos hijos nacidos en 2014. Si hacemos un balance de los cambios realizados en la política de permisos parentales en Alemania, nos serviría para explicar la disminución del uso de las prestaciones para el cuidado de los hijos en Francia.
De hecho, desde 2014 se ha producido una reducción significativa del número de beneficiarios en Francia. Ante el panorama de los grandes cambios en el mercado laboral y la evolución de los nuevos principios de gestión, hay tres factores que pueden haber estado desempeñando un papel primordial:
1) El impacto de la reducción del importe de la prestación CLCA en 2014 En 2014, el gobierno de centro-izquierda decidió reducir el importe de la prestación CLCA a clases medias-altas y familias acomodadas. Esto significa que, a partir de un umbral de ingresos, los padres sólo reciben la prestación de cuantía fija denominada PreParE (prestación compartida por educación del hijo): 392 euros mensuales en comparación con los 576 euros en 2014 que ya no tienen derecho a la prestación básica mensual (Allocation de base). Desde entonces, solamente las familias con ingresos por debajo de este umbral de ingresos pueden recibir tanto la prestación PreParE como la prestación básica mensual.
Como resultado, aproximadamente el 15% de los beneficiarios (con un hijo nacido después de abril de 2014) no tenían derecho a la prestación. La reducción en el número de beneficiarios y la reducción del importe de la prestación para las familias de clase media-alta y las más pudientes ha provocado, por tanto, una reducción del gasto público destinado a las prestaciones de permisos parentales. Este era uno de los objetivos implícitos del gobierno.
2) El impacto de la alta tasa de desempleo y los grandes cambios en el lugar de trabajo Ante el panorama de las altas tasas de desempleo y el aumento del número de trabajos atípicos y precarios, las relaciones de poder entre empresarios y trabajadores han resultado, por tanto, más desequilibradas. Por otra parte, ha aumentado el número de contratos fijos y en la actualidad representan el 83% del total de los nuevos contratos. Asimismo, ha habido también un aumento en el número de puestos de trabajo a través de las agencias y en los de subvención pública. Como resultado, las mujeres trabajadoras que tenían derecho al permiso han estado menos dispuestas a asumir el riesgo de perder su trabajo (a pesar de tener garantizada formalmente su vuelta al puesto de trabajo). Algunas de ellas temen las implicaciones que pueda haber sobre sus perspectivas profesionales y sus salarios.
3) El impacto de los requisitos de idoneidad en un contexto donde aumentan los trabajos precarios Los requisitos de elegibilidad son muy estrictos, especialmente para los padres que tienen un solo hijo: la madre o el padre deben haber estado trabajando de forma continua durante los dos años anteriores al nacimiento del hijo. En el caso de los padres con dos hijos, se requiere que hayan trabajado durante un período de dos años dentro de los cuatro años anteriores al nacimiento del hijo menor. En el caso de los padres con tres o más hijos, se requiere que hayan trabajado durante un período de dos años dentro de los cinco años anteriores al nacimiento del hijo menor. Como es de esperar, la tasa de exclusión es mayor para las familias con un solo hijo y la duración del desempleo no se incluye en los requisitos de los dos años para quienes solo tengan un solo hijo a diferencia de las familias que tienen, al menos, dos hijos.
Ante el panorama del aumento del número de trabajos atípicos y precarios y el número de desempleados, especialmente entre las parejas jóvenes, estos requerimientos estrictos han contribuido, por tanto, a la disminución del número de padres que tienen derecho a la prestación PreParE.
Así pues, en este artículo hemos analizado los objetivos explícitos e implícitos de los recientes cambios en las políticas de permisos parentales y de lo que estaba en juego. A pesar de que en la última década Francia ha continuado consolidando la promoción de sus políticas de apoyo a la conciliación de la vida familiar junto con el continuo incremento del gasto en el cuidado de los hijos, el país no ha adoptado el enfoque de los países nórdicos en cuanto a las políticas de permisos parentales, a diferencia de Alemania.
France, along with the Nordic countries, leads the European Union in the provision of childcare services and benefits aimed at reducing childcare costs for families. These developments have gone hand in hand with the progressive implementation of parental leave policies. In this domain, however, France remains a laggard country compared with the Nordic countries and Germany.
First we offer an overview of the successive changes to parental leave policies since the creation of the child-rearing benefit (CRB) in 1985. The first one (paid by the Social security) was initially provided only to those parents having at least three children, the youngest being under 3 years of age, it was later extended to two-child parents, as well as part-time workers, in 1994 and finally to single-child parents in 2004. The main changes took place in 2014: in case the couple has at least two children, the duration was shortened to 24 months (compared with 3 years previously), extended by six months only if the other parent takes it up (within the limit of the 3rd anniversary of the youngest child). If the parents have a single child, the duration is six months for each of the parents within the first anniversary of the child. At the same time, the amount of the flat-rate benefit was reduced for households with higher incomes.
The official aim of the decision to shorten length of leave for couples with two or more children was to limit the career penalty of motherhood and the deleterious effects on women’s employment. But, against the background of a huge public deficit, another objective was to contain public spending. This was effectuated by restrictive eligibility conditions (in particular for couples with a single child) that excluded mothers who held a precarious and unstable job before the birth. The decrease in the amount of the CRB which affects a significant share of the beneficiaries, also resulted in a decrease in the amount of public expenditure.
Another explicit objective was to create an incentive for fathers to take up the leave for at least six months to promote gender equality. To make this measure more efficient, the amount of the benefit remains, however, too low: their share among the beneficiaries remains very modest (4.4 percent). It illustrates that ‘money matters’ and highlights the crucial role played by the level of payment in the decision-making process of fathers with regard to parental leave. In this field, therefore, France could learn from Germany where a paradigmatic change was introduced in 2006: parental benefit is now better paid and it was taken up by 34 per cent of fathers (compared to 3.5 per cent of fathers in 2006, before the new legislation) for births in 2014. Taking stock of the changes made to leave policy in Germany may help explain the decline in the use of the child-rearing benefit in France.
Indeed, a significant reduction in the number of beneficiaries has taken place since 2104 in France. Against the background of dramatic changes in the labour market and the evolution of new management principles, three factors might have been playing a key role:
1) The impact of the reduction in the amount of the CRB in 2014 In 2014 the center-left government decided to reduce the amount of the CRB provided to upper-middle class and well-off families. It means that beyond an income threshold, parents only receive the flat-rate benefit labelled Prepare: 392 euros per month compared to 576 euros in 2014 and they are no more provided with a means-tested supplementary allowance (Allocation de base). Since then, only families with earnings at or below this income ceiling are also provided both with the Prepare and a means-tested supplementary allowance.
As a result around 15 per cent of the beneficiaries (with a child born after April 2014) were not eligible for this allowance. The decrease in the number of beneficiaries and the reduction in the amount provided to upper-middle income and well-off families have, therefore, resulted in a reduction of public expenditures devoted to the parental leave benefit. It was one of the implicit goals of the government.
2) The impact of high unemployment and of the dramatic changes at the workplace Against the background of high unemployment and a rise in the number of precarious and atypical jobs, power relationships between employers and employees have therefore become more unbalanced. Moreover recruitments on fixed-term contracts have been increasing and currently represent 83 per cent of total hires. Agency contract and publicly subsidized jobs have been on the rise as well. As a result, women entitled to a parental leave have been less willing or reluctant to take any risks of losing their job (even if the return to their job is formally guaranteed). Some of them fear the implications on their career prospects and wages.
3) The impact of eligibility requirements in a context of a rise in precarious jobs Eligibility requirements are very strict, in particular for parents with a single child: the mother or the father must have worked without break for the two years preceding birth.
For parents with two children, the eligibility condition is to have worked for two years out of the four years preceding the birth of the youngest child. For parents with three children (or more) the condition is to have worked two years out of the five years preceding the birth. As expected, exclusion rate is higher for families with a single child than for the others and spells of unemployment are not included in the two years condition for those having only a single child unlike the families who have at least two children.
Against the background of the rise in the number of precarious or atypical jobs and of unemployed especially among young couples, those strict eligibility conditions have therefore contributed in a reduction in the number of parents who are entitled to the Prepare.
In this paper we have therefore been exploring the explicit and implicit objectives of the recent changes to parental leave policies and what was at stake. And despite the fact that over the last decade, France has continued to consolidate its promotion of policies to support work/family life balance along with steady increases in spending related to childcare provision, France has not taken a Nordic style approach to its parental leave policy, in contrast to Germany.
