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La administración pública no puede por sí sola anular un acto favorable que infringe el ordenamiento jurídico cuando no incurre en alguna de las causas de nulidad de pleno derecho. Para anularlo es necesario, en primer lugar, que la Administración declare el acto lesivo para el interés público y en segundo lugar que interponga recurso contencioso-administrativo por cuanto la jurisdicción contencioso-administrativa es la única competente para ello. En este artículo se analiza tanto este procedimiento como el de revocación de actos y el de rectificación de errores materiales a la luz de la Ley 39/2015 y de la jurisprudencia aplicable.
