José Domingo Gallego Alcalá
Desde una visión práctica y esencialmente jurídica, trata el comentario de analizar el nuevo escenario al que se enfrentan las Administraciones Públicas como consecuencia de la aprobación por el Consejo de Ministros de una ampliación del plazo máximo de dos años previsto por el legislador para que las Administraciones Públicas dieran cumplimiento a las obligaciones estipuladas en la Disposición Final Séptima de la Ley 39/2015 de procedimiento administrativo común.