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Miguel Rodríguez-Piñero Royo 
El imparable avance del trabajo en plataformas está poniendo en el centro del debate laboral diversos temas relacionados con esta nueva realidad económica. La Comisión Europea publicó un importante documento en el que hablaba de la existencia de una “Agenda Europea para la Economía Colaborativa”; y aunque desde algunos sectores se defienda la autorregulación del sector, hoy se acepta que existe una necesidad clara de adaptar el Derecho de la economía para ofrecer una respuesta adecuada a esta nueva realidad. Hay una “agenda reguladora” para la economía colaborativa; y dentro de ésta, una “agenda laboral”, porque es en las prestaciones de servicios que se realizan con estos soportes donde se identifican algunas de las mayores carencias, fruto de la obsolescencia del Derecho del Trabajo tradicional. Desde varias instancias se han realizado contribuciones, identificando las materias prioritarias para esta nueva regulación. A juicio del autor, esta identificación debe guiarse por dos parámetros: la existencia de problemas reales en la situación actual; y el cumplimiento de las finalidades tradicionales del Derecho del Trabajo.
Siguiendo estos criterios se señalan este trabajo los siguientes riesgos de los trabajadores digitales que deben ser confrontados: los peligros de informalidad; la delimitación del empleo asalariado y del autónomo; la calidad del empleo; la protección social; y la situación de los trabajadores en el mercado de trabajo digital.
The unstoppable progress of the work on platforms is putting at the center of the labor debate various issues related to this new economic reality. The European Commission published an important document in which the existence of a "European Agenda for the Collaborative Economy" was declared; notwithstanding the fact that some sectors defend self-regulation of the sector, it is now accepted that there is a clear need to adapt the law of the economy to provide an adequate response to this phenomenon. There is a "regulatory agenda" for the collaborative economy; within it there is a "labour agenda", because it is in the services provided through these digital channels that major shortcomings are found, resulting from the obsolescence of traditional labor law.
Several actors have contributed to this debate, identifying these priority areas for the new regulation. According to the author, two guidelines should guide this task: the existence of real problems in the current situation; and the fulfillment of the traditional purposes of Labor Law.
Following these criteria, the following risks of the digital workers are pointed out: the problem of informal economy; the delimitation of dependent employment and self-employment;
quality of employment; social protection; and the situation of workers in the digital labor market.
