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Juan de la Cruz Ocón García
La Ley Orgánica 13/2015 introdujo en nuestro ordenamiento la regulación de las diligencias de investigación tecnológicas. Con anterioridad, fueron los tribunales los encargados de dar respuesta al registro policial del contenido de un ordenador sin previa autorización judicial y su incidencia en el derecho a la intimidad. Este es el problema suscitado en el asunto Trabajo Rueda c. España, de cuyo estudio se ocupa el presente artículo.
Organic law 13/2015 introduced into our legal system the technological investigation measures. Previously, courts of Justice were responsible for responding to the police record of the contents of a computer without prior judicial authorization and its impact on the right to privacy. This is the problem raised in the case of Trabajo Rueda v. Spain, whose subject is dealt with in this paper.
