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Javier Rojas
La reforma educativa de México de 2013 instauró un sistema de evaluación docente bajo la premisa de que aumentaría la calidad educativa. Tras argumentar que detrás de este planteamiento discursivo se halla una reforma política que reconfiguró el pacto corporativo entre el Estado y el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, esta investigación mide la velocidad y consistencia con la que los congresos locales armonizaron sus leyes educativas, conforme al marco jurídico nacional. A partir de protocolos de armonización legislativa, el artículo propone un método para medir cambios jurídicos e identificar retos asociados con la instrumentación de políticas públicas. Los resultados muestran que la oposición a la reforma educativa en el ámbito jurídico exhibe un patrón de concentración geográfica y sugieren algunas hipótesis para explicar variaciones en la velocidad, cumplimiento y consistencia de los procesos de armonización legislativa en las entidades federativas.
The educational reform launched in 2013 in Mexico inaugurated a teachers’ evaluation system based on the premise that it would improve the quality of education. After examining the political reform behind this framing that reconfigured the corporatist pact between the State and Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, this research measures the timeliness and consistency with which local congresses harmonized their education laws according to the national normative framework. Using legislative harmonization protocols, the article proposes a method to measure normative changes and identify challenges associated with the implementation of public policies. Results suggest that opposition to the educational reform in terms of normative frameworks is geographically clustered, therefore this article offers some hypotheses to explain variations in the timeliness, compliance and consistency of the harmonization processes involved in implementing the reform at a subnational level.
