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La recepción del instituto de las Comisiones de investigación parlamentarias en el derecho español, a partir de su introducción por la Constitución de 1978, ha suscitado tradicionalmente un vivo y recurrente debate, no solo en la esfera política sino también en la doctrinal, acerca de su alcance y virtualidad. En particular este trabajo aborda tres aspectos concretos:
la controversia doctrinal suscitada por el alcance de la obligación de comparecer a requerimiento de las cámaras legislativas autonómicas, en particular cuando ésta se cursa en relación a servidores públicos estatales;
la prestación de falso testimonio por parte de los comparecientes; y la delicada convivencia de la regla de la mayoría parlamentaria con el conveniente privilegio de las minorías en la creación de las encuestas en las cámaras legislativas, tanto en la creación como en su desarrollo y desenlace.
The reception of the institute of parliamentary inquiry commissions in Spanish law, since its introduction by the 1978 Constitution, has traditionally sparked a lively and recurrent debate, not only in the political but also in the doctrinal sphere, about its scope and virtuality. In particular, this work addresses three specific aspects: the doctrinal controversy aroused by the scope of the obligation to appear at the request of the regional legislative chambers, particularly when it is held in relation to state public servants; the provision of false testimony by the respondents and the delicate coexistence of the rule of the parliamentary majority with the convenient privilege of the minorities in the creation of the surveys in the legislative chambers, both in creation and in its development and outcome.
