Las garantías de no repetición comprenden todas las medidas que debe adoptar un Estado en transición para prevenir que se repitan las graves violaciones de derechos humanos ocurridas en el pasado. El objeto de este estudio es analizar, desde la perspectiva del Derecho internacional, en qué medida las reformas institucionales encaminadas a fortalecer la independencia judicial en procesos de justicia transicional constituyen garantías de no repetición. En este sentido, el Derecho internacional ofrece un conjunto de normas y principios para garantizar la independencia judicial, tanto en su dimensión institucional como individual. Por otra parte, el poder judicial a menudo ha sido cómplice de las violaciones de derechos humanos cometidas en el pasado, de modo que las diferentes medidas durante la transición deberían cumplir una triple finalidad: sacar del sistema judicial a los operadores de justicia identificados con el régimen anterior, proteger a los jueces de posibles arbitrariedades o medidas indiscriminadas y, garantizar que los jueces formen un cuerpo homogéneo, de probada integridad y conducta impecable. En última instancia, el fortalecimiento de la independencia judicial no solo contribuye a prevenir futuras violaciones de derechos humanos, sino que también aumenta la confianza de la ciudadanía en las instituciones y refuerza el Estado de Derecho.
The guarantees of non-repetition include all the measures that a State in transition must adopt to prevent the recurrence of serious violations of human rights that occurred in the past. The purpose of this study is to analyze, from an International Law perspective, to what extent institutional reforms aimed at strengthening judicial independence in transitional justice constitute guarantees of non-repetition. In this sense, International Law offers a set of rules and principles to guarantee judicial independence, both in its institutional and individual dimensions. On the other hand, the judiciary has often been accomplice in human rights violations committed in the past, therefore, transitional justice measures should serve a threefold purpose: removing justice operators from the judicial system identified with the previous regime, protect judges from possible arbitrariness or indiscriminate measures and, finally, ensure that judges form a homogeneous body, with proven integrity and impeccable conduct. Eventually, strengthening judicial independence in transitional justice not only contributes to prevent future human rights violations, but also increases citizens’ trust in institutions and promotes the rule of law.