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Es hora de abrir un debate político y público sobre cómo preparar a las democracias y sociedades para un futuro digital que garantice niveles adecuados de igualdad y bienestar social.
La digitalización es el motor principal del cambio social y económico del siglo XXI. La combinación de varios factores como la banda ancha y la conectividad a Internet, el alcance de tecnologías nuevas como la Inteligencia Artificial (IA), blockchain o el Internet de las Cosas, así como la penetración cada vez más alta de smartphones en las sociedades, está creando un nuevo paradigma social que cambia nuestras vidas a una velocidad nunca vista.
No es sorprendente que ante cambios tan rápidos aún no se haya generado una respuesta política que dé solución a retos complejos. Aun así, llama la atención la falta de debate político y público sobre cómo deberíamos preparar nuestras democracias y sociedades para un futuro digital en el que se mantengan niveles adecuados de igualdad y bienestar social. Estamos, por tanto, en un momento de enormes desafíos, pero también de grandes oportunidades.
Sabemos por experiencia histórica que cada vez que se produce una revolución tecnológica, las bases de la convivencia en común se ponen en cuestión. Los derechos y obligaciones que contraemos para vivir en sociedad no son inmunes a los cambios, al contrario, se adaptan a la realidad. En el cambio de la sociedad agrícola a una industrializada hizo falta crear un sistema de educación pública para todos y el desarrollo de derechos para trabajadores y consumidores.
Una nueva época digital requerirá la renovación de nuestras instituciones sociales, económicas y democráticas, así como una colaboración más estrecha y abierta entre los sectores público y privado. Necesitamos un nuevo contrato social que defina las fronteras de esta nueva era digital y sea capaz de sortear la incertidumbre asociada a los retos que se presentan.
Las personas han de estar en el centro de los cambios y se ha de promover una comprensión colectiva de cómo la digitalización puede hacerse de forma sostenible y responsable, mejorando la equidad y garantizando la no discriminación, la inclusión, la transparencia y la rendición de cuentas, así como ampliando la capacidad de elección del individuo.
Las sociedades deberían definir un Nuevo Pacto Digital (New Digital Deal) que promueva una comprensión colectiva de cómo la digitalización puede hacerse de forma sostenible, justa e inclusiva. Esto va a requerir un debate público y político sobre cómo afrontar el cambio digital en varias facetas.
Primero, hay que asegurar que nadie se queda atrás en el proceso de digitalización. La mitad de la población mundial, principalmente en los países en desarrollo, todavía no está conectada, según datos de la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT) en su último informe de 2017, y ello implica que muchas personas podrían quedar excluidas de los beneficios de la digitalización, tanto desde el punto de vista individual como colectivo.
Dado que la conectividad es la base de la digitalización, los sectores público y privado han de trabajar mano a mano para conectarnos a todos. Necesitamos del sector privado más innovación en el desarrollo, operación y comercialización de las redes de conectividad; y del sector publico, las políticas y regulaciones adecuadas para atraer inversiones privadas y aumentar el uso de Internet y servicios digitales.
A ello se suma que los progresos alcanzados hasta la fecha en IA, Internet de las Cosas y la aparición de Internet Industrial nos avisan sobre cambios profundos en los modelos de trabajo. La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) indica que el 65% de los niños de hoy tendrán trabajos que todavía no existen, y McKinsey Global Institute pronostica que casi la mitad de los trabajos que realizamos hoy se automatizarán en 2025. Máquinas y personas coexistirán de una forma nueva en los entornos de trabajo, y los derechos humanos y sociales tendrán que adaptarse…
