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El procedimiento contra Polonia por parte de la Comisión Europea puede preservar el Estado de Derecho en el país y prevenir un retroceso democrático en otros países de la UE.
Desde 2015, Polonia ha experimentado un goteo de medidas que socavan los principios de la democracia liberal y ayudan a consolidar el poder del partido Ley y Justicia (PiS) para gobernar. Los reiterados ataques al Estado de Derecho son la piedra angular de una estrategia destinada a lograr un poder ejecutivo sin control, ya que el gobierno ha tomado el mando de varias partes del poder judicial, empezando por el Tribunal Constitucional. Con el control judicial deshabilitado y gracias a la mayoría parlamentaria del partido gobernante, la disciplina interna y el bloqueo del procedimiento parlamentario, las restricciones institucionales ya no pueden proteger la democracia polaca. Hemos sido testigos de una profunda reestructuración del sistema político del país con el objetivo de eliminar los controles y equilibrios democráticos, todo con una mínima mayoría parlamentaria.
El último esfuerzo para acabar con la independencia judicial se concentra en el Tribunal Supremo de Polonia, que es, entre otros, el responsable de determinar la validez de las elecciones. Una nueva ley promulgada a principios de 2018 ha reducido, entre otras cosas, la edad de jubilación de los jueces de la Corte Suprema, al tiempo que incrementa su número, de manera que forzaría a un reemplazo de la presidenta de la Corte, Małgorzata Gersdorf, y permitiría al gobierno designar magistrados afines. Aquellos jueces que hayan pasado la nueva edad de jubilación podrían continuar sirviendo a discreción del presidente, socavando su independencia. Las vacantes serían ocupadas por candidatos elegidos por el Consejo Nacional de la Judicatura, cuyos miembros fueron reemplazados por la mayoría gobernante, en violación de la Constitución, a principios de 2018.
El conflicto llegó a un punto de inflexión el 4 de julio, cuando entró en vigor la nueva edad de jubilación. El gobierno considera que Gersdorf se ha retirado y ha dejado de ser la primera presidenta, mientras que ella sostiene que permanecerá en el puesto hasta el final de su mandato constitucional, en abril de 2020. Varios jueces han adoptado enfoques similares. Enfrentado al desafío de Gersdorf, el presidente, Andrzej Duda, quien tiene la tarea de anunciar la jubilación de los jueces de la Corte Suprema, ha permanecido relativamente silencioso. En cuanto a las nuevas o recientes vacantes, los jueces planean retrasar las acciones solicitándolas en masa e impugnando la decisión final. Una nueva oleada de cambios en la ley sobre la Corte Suprema se ha diseñado para castigar a los jueces que se resisten (recortando sus pensiones) y acelerar el nombramiento de otros nuevos y la elección de un nuevo primer presidente, que puede hacerse efectivo en septiembre u octubre.
