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Las comunidades originarias del sudeste sanjuanino permanecen en una situación de extrema vulnerabilidad por la falta de títulos de las tierras que ancestralmente habitan. La escasa cantidad de comunidades con relevamiento territorial y las limitaciones de éste como herramienta en la defensa de sus derechos nos llevan a cuestionar la política estatal en la materia. Se parte del supuesto de que el Estado realiza limitadas concesiones a los grupos dominados en pos de conservar la dominación política a largo plazo, evitando poner en juego la estructura de poder. Las tomas de posición del Estado y las repercusiones en su interior darán como resultado un proceso contradictorio que solo en contadas ocasiones garantizará el derecho a la propiedad comunitaria indígena de la tierra.
