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La inseguridad jurídica derivada de la posible nulidad del contrato, la indeterminación del régimen legal —en cuanto no fija los límites de la autonomía de la voluntad de las partes, ni regula la restricción de sus derechos fundamentales— y la eliminación de la regla general de anonimato de los donantes de material reproductor —y de la mujer gestante—, son los argumentos finales del TC portugués para desmantelar el convenio gestacional, al que deja sin resquicios, no sólo para su supervivencia actual, sino para la futura.
