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Valencia, España
El presente artículo se dedica al análisis de la ley francesa relativa al deber de vigilancia de las sociedades matrices y las empresas contratistas principales como paso previo y necesario para justificar la necesidad y la posibilidad de avanzar hacia la adopción de normas vinculantes sobre empresas y derechos humanos en el ámbito internacional. Con este objetivo, el artículo repasa la experiencia de las Guías OCDE de diligencia debida y las disposiciones correspondientes de los Principios Rectores sobre empresas y derechos humanos para conectar estas iniciativas no vinculantes con las experiencias normativas existentes en el derecho comparado. Tras este recorrido, el análisis se centra en la ley francesa adoptada en marzo de 2017, que ha demostrado que la co-regulación, es decir, la imbricación en un mismo texto de técnicas de regulación distintas, combinando el hard law con el soft law, no solo es posible sino necesaria en ámbitos fundamentales y complejos como es la relación entre los derechos humanos y las actividades empresariales. La ley francesa, junto con otras experiencias en el ámbito comparado y de la Unión Europea, es de importancia fundamental para acometer el paso siguiente, que no es otro que el impulso del Instrumento Jurídicamente Vinculante sobre empresas y derechos humanos que se está negociando en virtud de la Resolución 26/9 en el marco del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas.
This article analyses the French law regarding the duty of vigilance of parent companies and main contractor companies, as a previous and necessary step to justify the need and the possibility of moving towards the adoption of an international legally binding instrument on business and human rights.
The article reviews the experience of the OECD due diligence guides and the corresponding provisions of the United Nations Guiding Principles on business and human rights, to connect these non-binding initiatives with existing regulatory experiences in comparative law. Among these experiences, the focus of the article is the French law adopted in March 2017. This law has shown that combination of different regulatory techniques, merging hard law and soft law, is not only possible but advisable to deal with complex areas such as the relationship between human rights and business activities. The French law, together with other experiences in national and EU Law, is of fundamental importance to undertake the next step, which is the support of the Legally Binding Instrument on business and human rights that is being negotiated, following the mandate of Resolution 26/9, within the framework of the Human Rights Council of the United Nations.
