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En los últimos años, México ha tomado una serie de medidas para prevenir, proteger y procesar judicialmente la trata de personas. Asimismo, el gobierno de este país ha suscrito convenciones internacionales anti-trata y ha adoptado aspectos clave de las definiciones de este delito ampliamente aceptadas en el ámbito internacional como referencia al diseñar su propia legislación. Sin embargo, algunos juristas mexicanos han interpretado el fenómeno de la trata de personas en sus propios términos. La legislación actual anti-trata se basa en una definición del fenómeno bastante amplia, que presenta serias limitaciones, las cuales han contribuido a una identificación errónea de víctimas y tratantes de personas, así como a la revictimización. Lo anterior se añade a la debilidad del estado de derecho en México, a la corrupción y al involucramiento de grupos de interés con agendas e ideologías específicas que han contribuido a obstruir una modificación de este marco legislativo. El presente análisis demuestra la imperativa necesitad de modificar la actual legislación anti-trata en México y provee algunas sugerencias básicas para realizar esta reforma tan necesaria.
In the past few years, Mexico has taken a number of measures to further prevention, protection, and prosecution of trafficking in persons. The country’s government has signed international anti-trafficking conventions and has taken some aspects of widely accepted international definitions of this crime as a reference when drafting its anti-trafficking legislation. However, Mexican lawmakers have interpreted human trafficking in their own terms. Mexico’s current anti-trafficking legislation is based on a quite broad definition of trafficking in persons and shows serious limitations that have led to the misidentification of victims and traffickers, as well as to re-victimization. This adds to Mexico’s weak rule of law, corruption, and the involvement of interest groups with particular agendas/ideologies that have obstructed reform. The present analysis demonstrates the imperative necessity to modify the current anti-trafficking legislation in Mexico and provides some basic suggestions for this much-needed reform.
