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Ignacio Mamone
¿Por qué un régimen autoritario que busca disciplinar a la burguesía nacional le otorgaría importantes rentas económicas? La ley 21.608 de promoción industrial que estableció la última dictadura militar en Argentina profundizó la intervención del Estado en la planificación y financiamiento del sector manufacturero, mediante beneficios impositivos para empresarios y empresas surgidas del modelo de industrialización sustitutiva de posguerra. La reforma contradijo así los objetivos de ajuste fiscal y liberalización económica que había adoptado la dictadura. Esta paradoja se explica por las instituciones que eligieron las Fuerzas Armadas para repartirse el poder de la administración pública. Las reglas que se acuerdan para distribuir poder entre facciones influyen en las políticas públicas que se adoptan. El análisis de los documentos originales de la Comisión de Asesoramiento Legislativo provee evidencia de cómo tres actores clave de la coalición autoritaria avanzaron intereses opuestos durante el proceso de reforma de la promoción industrial. La facción estatista de las Fuerzas Armadas, la burguesía nacional y los funcionarios civiles del gobierno militar moldearon el tiempo y el contenido de la nueva legislación resultando en una política pública contradictoria con los objetivos fundacionales del régimen autoritario.
Why would an authoritarian regime that seeks to discipline national businessmen grants them considerable large economic rents? The last military dictatorship in Argentina established the 21.608 Industrial Promotion Law. It deepened state intervention in industrial planning and financing with tax subsidies to businessmen and local firms from the postwar substitutive industrialization process. Thus, the reform contradicts the objectives of fiscal adjustment and market liberalization that the dictatorship had adopted. The reason behind this paradox can be found in the choice of the institutions that the armed forces adopted to share the state power which condition the establishment of different public policies. An analysis of original documents from the Comisión de Asesoramiento Legislativo offers evidence of how three key actors in the authoritarian coalition advanced their opposite interests over the industrial policy reform. The statist faction of the armed forces, national businessmen, and economic bureaucrats shaped the timing and content of the new legislation, leading to the adoption of a public policy contradictory with the foundational economic objectives of the authoritarian regime.
