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En la segunda mitad del siglo XX se desecó la mayor laguna de España, la de La Janda (Cádiz), de acuerdo con una legislación que otorgaba especiales incentivos a los promotores de las obras de saneamiento o desecación, como recibir el dominio de los terrenos. En el caso de La Janda, el proceso de desecación no llegó a buen término y el Estado procedió a la reversión de la concesión y la vuelta de los humedales a manos públicas. Sin embargo, el Estado no ha ejercido sus prerrogativas y competencias a la hora de la recuperación del pleno dominio y posesión de estos humedales, a pesar de lo afirmado por el Tribunal Supremo y de que los terrenos no hayan perdido su carácter de humedales. En este trabajo se analizan la historia jurídica de este suceso y las competencias del Estado para proceder a la restauración de la laguna.
