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El presente trabajo aborda la posible solución de la ineficacia de los recursos administrativos introduciendo mecanismos de mediación en la Administración Pública. La doctrina ha venido sobre este punto reiteradamente en los últimos veinte años, sin grandes avances. Se discute la compatibilidad de la mediación con el principio de legalidad de la Administración, la posibilidad o no de conf luir los intereses generales con el interés particular, la igualdad de los interesados en distintos procedimientos tras la transacción, la designación y el estatuto del mediador, proponiéndose habitualmente al Defensor del Pueblo para esta tarea, y se cuestiona la misma utilidad de los preceptos que ya existen en el Derecho administrativo español para amparar la mediación o la solución transaccional de controversias.
