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La Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público (LRJSP), forma parte de un ambicioso proyecto reformista dirigido a superar los efectos de la crisis económica que ha atravesado España. Este objetivo está presente en no pocos aspectos de la Ley, entre ellos, en el establecimiento de una normativa uniforme y más completa de los convenios, dirigida a mejorar la fiscalización del gasto público que se realiza a través de esta figura. De este modo, a través de un novedoso régimen jurídico básico de los convenios, la LRJSP eleva a rango de ley las propuestas y recomendaciones recogidas, tanto en el Dictamen del Tribunal de Cuentas núm. 878, de 30 de noviembre, como en el Informe CORA, arrojando luz en la práctica convencional administrativa. Una regulación que, sin perjuicio de precisar mayor detalle en algunos aspectos, ha recibido una valoración positiva.
