La Corte Penal Internacional (CPI), que en julio de 2018 celebra su vigésimo aniversario, culmina la aspiración de la comunidad de estados de dotarse de una institución permanente con capacidad para investigar los delitos cometidos al menos en todos los países miembros, después de las experiencias parciales de los tribunales ad hoc creados para juzgar los crímenes de la ex Yugoslavia, Ruanda y otros países. Sin embargo, el balance de estos veinte años de la CPI presenta claroscuros debido a que los gobiernos ejercen demasiado control sobre la institución. Los autores presentan sus propuestas para revitalizar la acción de la CPI reforzando el papel activo que la sociedad civil puede adoptar en estos procesos.