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Daniel Albarracín Sánchez, Fernando Luengo Escalonilla 
Desde la creación de las Comunidades Europeas, el presupuesto gestionado desde Bruselas ha representado una pequeña parte del producto interior bruto (PIB) comunitario, alrededor del 1% de esa magnitud. Se reconocía, de este modo, que, en el contexto de la construcción europea, la función redistributiva le correspondía, básicamente, a los Estados nacionales. En efecto, el peso del gasto público en el PIB en el conjunto de la Unión Europea (UE) alcanzaba en 2017 el 46,4%; con un amplio abanico de situaciones, desde Irlanda (27,4%) hasta Finlandia (55,5%). Se presuponía, asimismo, que, a escala comunitaria, tenían que ser los mercados, sus actores y las lógicas competitivas que los articulaban, los motores de la asignación espacial y sectorial de los recursos financieros y productivos.
