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En el año 2012, en un contexto de crisis económica y recortes, una modificación de la Ley Orgánica del Poder Judicial introdujo una nueva fase en la formación de los jueces españoles con el fin de cubrir vacantes, labores de apoyo y debido al alto coste de creación de nuevas plazas: la fase de sustitución y refuerzo. Durante meses los nuevos jueces ejercen plenitud de jurisdicción, están sujetos a valoración y carecen del mismo estatuto, los mismos derechos, medios, y deberes que el resto de la judicatura. Esta fase vulneraría el principio de independencia judicial, en su vertiente estatutaria, funcional y financiera.
Launched in 2012, in a economic crisis context and budgetary cuts, an amendment of the Judicial Power Organic Act, created a new training phase for the spanish judges in order to fill the vacancies, support tasks, and due to the high costs of the creation of new seats: replacement and replenishment phase. For months, new judges practice with complete jurisdiction, they are subject to split evaluation and they don’t have the same rights, resources, and duties that the rest of the judicature. This phase could be a violation of the judicial independence principle, in its statutory, functional and financial sides.
