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El ensayo propone unificar la interpretación del concepto due process of law que proviene del derecho anglosajón y que, al ser transportado a las reglamentaciones procesales latinoamericanas, ha ocasionado múltiples inconvenientes para la aplicación estricta de las garantías jurisdiccionales que toda persona debe tener en un proceso judicial. Asimismo, se pone de manifiesto, como una proyección del problema, el equívoco camino que toman las Constituciones americanas cuando interpretan esta regla en los procesos constitucionales, sobre todo en aquéllos pensados para ejercer el control de constitucionalidad de las leyes. Finalmente, se proponen reglas mínimas que resuelvan dichos inconvenientes y armonicen un conjunto de las mismas reglas para el control entre los poderes del Estado y, esencialmente, desde la magistratura constitucional.
